"En la Argentina se aplicó un plan genocida que atentó contra un grupo nacional con el objetivo de exterminarlo", dijo la abogada Natalia Hormazábal, quien junto a su colega Leticia Celli basó la acusación en la Convención Internacional contra el Genocidio a la que el país adhirió en 1956.
Hormazábal y su colega Leticia Celli alegaron durante cinco horas en el juicio contra oficiales retirados del Ejército, agentes de inteligencia, gendarmes y policías federales y provinciales de Río Negro y de Neuquén, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.
"El delito de genocidio lo pueden aplicar como recientemente lo ha hecho el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, porque es un delito que a la fecha se encontraba sancionado dentro del ordenamiento interno de la Argentina y es una responsabilidad del Estado no haberlo incorporado como un delito específico dentro del Código Penal", argumentó la letrada.
Hormazábal sostuvo también que "la calificación de genocidio es la única que se atiene no sólo a la verdad jurídica sino también a la verdad histórica". "Se puede aplicar y tiene una pena que es la prisión perpetua y atiende a una realidad que hace a la verdad histórica porque lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio de clase contra el pueblo trabajador y a eso no escapó la región", insistió.
Además, explicó que en la región funcionó "un circuito represivo del que participaron cada una de las fuerzas represivas y en donde funcionaron centros clandestinos de detención y tortura por los que pasaron más de 100 víctimas".
Subrayó que "cada uno de los imputados tuvo un rol en ese plan y deben responder como coautores del genocidio que fue lo que verdaderamente pasó en la Argentina a partir de 1976".
