Al término de una reunión del Consejo de Ministros, Navarro informó a los medios de esa decisión y de otras para regular a las cooperativas mineras, que la semana pasada protagonizaron violentos conflictos.
Las áreas que vuelven a poder del Estado son aquellas que las cooperativas mineras traspasaron a privados en contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento, consignó la agencia EFE.
Además, el Consejo de Ministros decretó que las autoridades realizarán un verificación y revertirán a dominio del Estado las áreas en las que no se desarrollaron actividades de explotación, agregó el ministro Navarro.
Las cooperativas también están obligadas a partir de ahora de informar al Gobierno sobre el volumen, el valor de su producción y sobre cuántos son los ingresos que perciben con el propósito de que se haga el reparto equitativo de los mismos a los socios cooperativistas.
El Gobierno no detalló cuáles son las privadas nacionales o extranjeras afectadas por las decisiones asumidas, pero en los días pasados señaló que existían más de 30 contratos de ese tipo.
Las decisiones se producen después de los graves conflictos de la semana pasada protagonizados por mineros de las cooperativas, que terminaron con el asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de cuatro mineros.
Tres de los mineros murieron por heridas de bala y un cuarto falleció debido a una explosión por la mala manipulación de dinamita.
