Para la CPM, el caso es el resultado de una metodología sistemática del uso de la violencia contra las personas privadas de la libertad como forma de administrar las cárceles bonaerenses.
El 1 de agosto pasado, Narciso Gastón Ayala Aquino, de 36 años y oriundo de Lomas de Zamora, sufrió un ataque de epilepsia y sus compañeros de pabellón intentaron llevarlo al sector de sanidad para ser tratado por los médicos de la unidad penal 1 de Olmos.
Sin embargo, según consignan los datos de la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Cartasegna, el detenido habría sido trasladado por personal penitenciario hacia otro sector de la cárcel y allí habría sido atacado en una brutal golpiza y con la aplicación de una “llave” sobre su cuello que habría provocado su muerte.
Esta hipótesis que sustenta el fiscal se basa no sólo en los relatos de los testigos sino en la multiplicidad de lesiones que presentaba el cuerpo Ayala y que no guardaban relación con el informe preliminar de la muerte del detenido.
Además del titular de la unidad penal, fueron desplazados de sus puestos tres subdirectores –el de Seguridad, el de Asistencia y Tratamiento y el Administrativo- y en total hubo 9 penitenciarios con orden de detención a partir de la solicitud del fiscal y la aceptación de la medida por parte del juez Raele. Hasta el momento, dos de los penitenciarios estarían detenidos, porque el resto tramitaron las apelaciones a esa orden.
Para la CPM, el caso reviste una extrema gravedad y aclara que no es un episodio excepcional ni aislado, sino que es el resultado de la represión sistemática en el interior de las cárceles bonaerenses y el casi nulo avance en las investigaciones penales contra personal penitenciario que culmina en impunidad.
