Lo hizo tras reunirse con ellos por espacio de una hora. "Esa invitación para que expongamos nuestras preocupaciones y reclamos ante la Comisión Interpoderes fue el aspecto más destacable de lo que nos manifestó el presidente de la Corte", dijo a Télam uno de los 18 participantes de la reunión, que concluyó cerca de las 19.30 en el Palacio de Tribunales dónde tiene su sede la Corte. Texto completo del documento que le entregaron a Lorenzetti.
Encabezaron la delegación de los organismos Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros referentes.
"En la conversación con Lonrezetti la delegación mostró el alto nivel de consenso alcanzado y que se expresó también en el documento, que le entregamos al presidente de la Corte y que había sido aprobado horas antes por el 'Encuentro nacional en defensa de lo logrado en Memoria, Verdad y Justicia'", señaló la misma fuente.
Ese documento expuso las preocupaciones de querellantes, abogados y organismos de derechos humanos sobre la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina y definió los próximos pasos que seguirán "para garantizar que continúe el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina".
El texto expresó preocupación "ante las señales de inercia y falta de impulso que se evidencian en los tres poderes del Estado" en cuanto al avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
"Es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso oficial que tiende a considerar al terrorismo de Estado como una 'guerra sucia' o 'violencia política', o se ponga en duda la extensión del terror y el exterminio mediante declaraciones negacionistas de funcionarios públicos", señaló el documento.
En el mismo sentido, apuntó que "asisten a actos oficiales personajes vinculados con el golpismo o su reivindicación, sin que eso genere respuestas contundentes por parte de los poderes públicos".
En particular, criticó resoluciones judiciales en favor de la prisión domiciliaria en favor del condenado genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz "con el único argumento de su edad".
"Nos preguntamos si a ese mismo Poder Judicial no le importa acaso la edad de cada abuela que sigue buscando a su nieto o nieta, de cada madre que lucha por saber dónde está el cuerpo de su hijo o hija, de cada familiar que querella en los juicios para obtener justicia", acotó.
El documento aludió además a nuevos "obstáculos para avanzar con la investigación y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad" y señaló que "en los últimos meses se están produciendo retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan a todas las conquistas que hemos logrado en nuestro país" y que conformaron "un ejemplo a nivel mundial de la lucha contra la impunidad".
"En lo que respecta al Poder Judicial, señalamos con preocupación que siga con un ritmo cansino para la realización de los juicios, la lentitud para el desarrollo de los debates orales y públicos en curso, la demora para conformar tribunales y obtener espacios propicios para la realización de las audiencias", puntualizó el texto entregado a Lorenzetti.
También alerta sobre los obstáculos que se advierten particularmente en las causas en las que se investiga la responsabilidad empresarial e instamos a los operadores judiciales a dar respuestas eficaces a fin de lograr el juicio y castigo de los empresarios cómplices del brazo armado del terrorismo de Estado".
Otras críticas apuntaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo, con numerosos señalamientos por parte del documento que puntualizó además varios pedidos de reunión con autoridades judiciales, gubernamentales, legislativas y del Ministerio Público Fiscal.
El texto aprobado en el mismo Encuentro y entregado al titular de la Corte Suprema convocó finalmente a "una Gran Marcha de la Resistencia para el miércoles 7 y jueves 8 de diciembre en Plaza de Mayo".
Texto completo del documento:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lunes 12 de septiembre del 2016
Documento conjunto del Encuentro nacional en defensa de lo logrado en Memoria, Verdad y Justicia
A 40 años de la última dictadura cívico-militar, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales, culturales y políticas, nos reunimos en el Encuentro nacional en defensa de lo logrado en Memoria, Verdad y Justicia, preocupados ante las señales de inercia y falta de impulso que se evidencian en los tres poderes del Estado.
Es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso oficial que tiende a considerar al terrorismo de Estado como una “guerra sucia” o “violencia política”, o se ponga en duda la extensión del terror y el exterminio mediante declaraciones negacionistas de funcionarios públicos, o ver cómo asisten a actos oficiales personajes vinculados con el golpismo o su reivindicación, sin que eso genere respuestas contundentes por parte de los poderes públicos.
Esta semana se cumplen 10 años de la condena a perpetua para el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y hay jueces de la Nación que han decidido darle la posibilidad de estar preso en su casa con el único argumento de su edad. Nos preguntamos si a ese mismo Poder Judicial no le importa acaso la edad de cada abuela que sigue buscando a su nieto o nieta, de cada madre que lucha por saber dónde está el cuerpo de su hijo o hija, de cada familiar que querella en los juicios para obtener justicia.
Los obstáculos para avanzar con la investigación y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad se agudizan, creando una situación preocupante ante la impunidad para los partícipes civiles de esa dictadura genocida y para todos los culpables que siguen sin tener Juicio y Castigo.
Después de los profundos avances logrados a través de la consolidación de políticas de Estado para la Memoria, la Verdad y la Justicia, construidas con las luchas y demandas de los organismos de derechos humanos y del pueblo en su conjunto, y de las 350 mil personas que se movilizaron el 24 de marzo pasado a la Plaza de Mayo, en los últimos meses se están produciendo retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan a todas las conquistas que hemos logrado en nuestro país, conformando un ejemplo a nivel mundial de la lucha contra la impunidad.
En lo que respecta al Poder Judicial, señalamos con preocupación que siga con un ritmo cansino para la realización de los juicios, la lentitud para el desarrollo de los debates orales y públicos en curso, la demora para conformar tribunales y obtener espacios propicios para la realización de las audiencias. También alertamos sobre los obstáculos que se advierten particularmente en las causas en las que se investiga la responsabilidad empresarial e instamos a los operadores judiciales a dar respuestas eficaces a fin de lograr el juicio y castigo de los empresarios cómplices del brazo armado del terrorismo de Estado.
En tanto, el Poder Legislativo tiene pendiente la constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia. La misma debía haberse puesto en funcionamiento en marzo de este año. Hemos enviado notas a la Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los Jefes de los distintos bloques, exigiendo su conformación. También el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado en un informe reciente “que lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que dicha Comisión no haya sido implementada hasta el momento”. Por tal motivo, y en esta casa legislativa, exigimos a los Presidentes del Senado y de Diputados que pongan en funcionamiento dicha Comisión.
Por su parte, el Poder Ejecutivo retiró la co-querella en la causa contra el civil Alejandro Reynal, quien fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina entre 1979 y 1981, acusado por delitos de lesa humanidad; no da muestras de oposición al otorgamiento de la prisión domiciliaria para los para los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad; derogó la Resolución del Ministerio de Defensa de la Nación que impedía que los presos por delitos de lesa humanidad fueran atendidos en hospitales militares; sostiene una fuerte embestida contra Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación; el Programa Verdad y Justicia sufrió una reducción de sus funciones con su traspaso de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; fueron despedidos trabajadores del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, quien fue subteniente de Caballería del Ejército, lo que a su vez fue motivo de alerta por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; fue desmantelada la Agencia de noticias Infojus, del Ministerio de Justicia, que tenía entre otras funciones la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad; fue disuelta la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, creada para investigar delitos económicos cometidos en la última dictadura cívico-militar; emitió el Decreto 721 para devolverle autonomía a las Fuerzas Armadas, generando un retroceso que se remite a tiempos pre-democráticos.
A 10 años de la segunda desaparición forzada del compañero Jorge Julio López, seguimos exigiendo saber qué pasó con él y quiénes son todos los culpables.
Por lo expuesto en este encuentro, consideramos fundamental dar lugar a las siguientes acciones:
Solicitar una reunión con el Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar.
Solicitar una reunión con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación,Claudio Avruj.
Solicitar una reunión con la Presidenta del Senado del Congreso de la Nación, Gabriela Michetti, y con el Presidente de Diputados, Emilio Monzó.
Solicitarle a la Comisión Interpoderes una convocatoria a reunirse en carácter urgente.
Solicitar una reunión con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para manifestarle nuestro irrestricto respaldo al trabajo del Ministerio Público Fiscal en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.
Convocar a la Marcha de la Resistencia para el miércoles 7 y jueves 8 de diciembre en Plaza de Mayo.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
H.I.J.O.S. CAPITAL
MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LAS 12 DE LA SANTA CRUZ
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA ZONA NORTE
ASOCIACIÓN BUENA MEMORIA
APDH LA MATANZA
FUNDACIÓN MEMORIA HISTÓRICA Y SOCIAL ARGENTINA
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES
