“Es una burla, pero no solo para los 43 padres de familia, sino para todos los mexicanos. Ya basta de tanta impunidad, de decir que ahora los delincuentes y los criminales tengan premios, y no las investigaciones adecuadas”, manifestó el jueves Mario González, padre de uno de los jóvenes durante una conferencia de prensa conjunta con otros padres de los estudiantes en la Ciudad de México (capital).
El anuncio se produce después de que el miércoles el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, decidiera dar el puesto de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional a Tomás Zerón, quien renunció de su anterior cargo tras exigencia de padres de los 43 desaparecidos.
Es una burla, pero no solo para los 43 padres de familia, sino para todos los mexicanos. Ya basta de tanta impunidad, de decir que ahora los delincuentes y los criminales tengan premios, y no las investigaciones adecuadas”, dijo Mario González, padre de uno de los 43 normalistas.
Los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa habían exigido anteriormente la destitución de Zerón— hasta ahora director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR)— a quien acusan de “ocultamiento de la verdad” en las pesquisas en curso sobre el caso.
En esta línea, las familias insistieron en que no tienen como objetivo reanudar las negociaciones con la PGR hasta que no se castigue a Zerón por cometer actos ilegales durante la investigación del caso Iguala, revelado el pasado abril por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— a través de un video, en el que se puede ver la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 por Zerón junto a uno de los detenidos por el caso.
Por lo tanto, los padres de los jóvenes desaparecidos, así como abogados y representantes de las organizaciones pro derechos humanos hicieron hincapié en que tal decisión se traduce en una “protección política” para el exdirector de la AIC.
Al mismo tiempo, recalcaron que tal medida es un “premio” a la construcción de una “mentira histórica” y que, además, es un “agravio” a todo el pueblo mexicano.
La tensión en el caso de Iguala aumenta a diez días del segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de escuela de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. México vive desde aquel entonces una ola de indignación y protestas por la falta de cooperación del Gobierno mexicano para conocer el auténtico paradero de los estudiantes.
"Las propias imágenes (reveladas por el grupo de expertos de la CIDH) dan cuenta de la manipulación de posibles indicios, hallazgos y vestigios que no fueron ordenados por el Ministerio Público", dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
