Los letrados Roberto Busser y Fernando Sánchez pidieron absolver a Cecilia Góngora, imputada como apropiadora y a la médica obstetra Elsa Nasatsky (ambas en la foto), quien actuó en el parto realizado bajo control de represores y tras el cual Luisa Pratto fue despojada de su hijo recién nacido en 1977, durante la última dictadura.
Para ambas acusadas las querellas pidieron condenas de 15 años de prisión efectiva y la fiscalía 10, por considerarlas autoras de los delitos de apropiación y supresión de la identidad de Maulín Pratto, cometidos en la ciudad de Reconquista, en el norte santafesino.
Los defensores adujeron que Góngora y Nasatsky "sufrieron presiones" y amenazas, que las imputaciones fueron inventadas y las acusadas, "extorsionadas por dinero" y también cuestionando la validez de documentos y certificados, entre otra prueba presentada en el juicio.
Una vez culminados los alegatos, el TOF anunció que aún no estaba en condiciones de fijar la fecha de lectura de la sentencia y que el lunes próximo notificarán a las partes, y que además las acusadas deben tener antes del veredicto la posibilidad de ejercer el derecho a decir sus últimas palabras.
Para el fiscal general Martín Suárez Faisal, "quedó comprobado en este juicio que el accionar tanto de Góngora como de Nasatsky contribuyó con la idea que había trazado el plan sistemático elaborado por los altos mandos militares en cuanto al robo de bebés de las personas que designaban como ‘delincuentes subversivos’ en aquella nefasta época".
Como elemento atenuante en su favor señaló que, al momento de los hechos, ninguna de las dos registraba una condena penal.
Suárez Faisal solicitó a los jueces que en forma inmediata ordenen rectificar en el Registro Civil de la provincia de Santa Fe, sección Reconquista, la partida de nacimiento y DNI en los que José Maulín Pratto figura aún con el apellido “Segretín”, como lo reclamó al tribunal la propia víctima.
La investigación iniciada en 2005 estableció que el 26 de marzo de 1977 Luisa Pratto llegó a un sanatorio privado de Reconquista a punto de dar a luz.
Había sido trasladada hasta allí en forma clandestina desde la III Brigada Aérea de Reconquista, donde estaba secuestrada.
Luisa fue internada con nombre falso y la obligaron a entregar a su bebé, bajo la amenaza de matar a su marido, Rubén Maulín, y a su hermana Griselda, ambos secuestrados, si se negaba.
El 6 de abril de aquel año, ese bebé fue inscripto en el Registro Civil con el nombre de José Luis Segretín y entregado al matrimonio conformado por José Angel Segretín, ya fallecido y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a integrantes de la Fuerza Aérea.
Por estos hechos fue también imputado Danilo Sambuelli, que era jefe del centro clandestino que funcionó en la III Brigada Aérea de Reconquista y murió en diciembre de 2014 mientras cumplía una condena por otros delitos de lesa humanidad cometidos en esa unidad militar.
