La presentación recupera los datos registrados durante una inspección realizada a cárceles de adultos y de jóvenes, junto al Mecanismo local de prevención de la tortura y la red de derechos humanos.
El vicegobernador reconoció el trabajo de la CPM como organismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y se comprometió a fortalecer el trabajo del Comité de prevención de la tortura de Corrientes.
En agosto pasado, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, y el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, encabezaron una inspección a cárceles de adultos y de jóvenes de Corrientes. Durante la inspección, realizada de manera conjunta con el Mecanismo de prevención local de la tortura y la red de derechos humanos de esa provincia, se constataron extremas condiciones materiales de detención y graves violaciones a los derechos humanos que incluyen la práctica de torturas y otros malos tratos, inhumanos o degradantes.
Entre los principales aspectos relevados, la CPM advirtió —con particular preocupación— el despliegue de la violencia penitenciaria; los detenidos no sólo denuncian golpes sino requisas vejatorias, donde los sacan al patio del penal y los obligan a desnudarse aún con temperaturas muy bajas. Al mismo tiempo, y según consta en las entrevistas, estos hechos se explican en la mayoría de los casos como represalias ante reclamos formulados por diferentes razones: falta de comida, pedido de traslados, entre otros.
En las inspecciones realizadas, también se observaron graves condiciones materiales de detención que no cumplen con ningún estándar respetuoso de los derechos humanos, ni con los mandatos constitucionales y legales que deben respetarse. Asimismo, se recibieron denuncias por régimen de aislamiento extremo, falta de entrega de alimentos en calidad y cantidad adecuada, deficiente asistencia médica y psicológica, la nula asistencia psiquiátrica pese a alojarse en el sistema personas con padecimiento mental, la incomunicación con la familia de detenidos alojados lejos de sus hogares y el limitado acceso muy limitado a la educación y el trabajo.
Sobre la base de este registro se construyó un informe que fue entregado por el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, al vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros, y a legisladores provinciales, quienes destacaron la importancia de los organismos de control y monitoreo y se comprometieron a fortalecer el trabajo del Comité de prevención de la tortura de Corrientes.
El mismo informe se presentó ante el juez Alejandro Chaín, integrante del Superior Tribunal de Justicia, quien reconoció las críticas condiciones del encierro que se detallan en el informe y la necesidad de trabajar para transformar esa realidad. En ese sentido ponderó la labor realizada por la CPM y los mecanismos de control para alcanzar este objetivo.
En ese sentido, el vicegobernador Canteros adelantó que desarrollará las gestiones necesarias para destinar, por ley de presupuesto, los recursos económicos para el pleno funcionamiento del Comité local. Al mismo tiempo, reconoció la trayectoria de la CPM como mecanismo de prevención de la tortura y aseguró que su presencia en la provincia contribuye al fortalecimiento de esta experiencia de control y monitoreo de los lugares de encierro.
Por su parte, el mecanismo provincial de prevención de la tortura también reconoció la trayectoria de la CPM y valoró su aporte para la consolidación de estos espacios. Cabe mencionar que, previo a su creación, integrantes de lo que luego sería Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Corrientes se capacitaron en Buenos Aires en el Seminario sobre control de lugares de encierro en Argentina que dictó la CPM en septiembre de 2014.
Con el objetivo de seguir fortaleciendo los mecanismos provinciales de prevención de la tortura, la CPM desarrollará instancias de cooperación y capacitación que tienda a consolidar la labor de monitoreo del Comité correntino.
En el marco de ese trabajo conjunto, también se propuso la incorporación del organismo provincial al equipo del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT), compuesto por la CPM, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La participación del Comité de Corrientes permitirá enriquecer la experiencia y alcance del RNCT.
