La Fiscalía presentó una querella contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber desobedecido al Tribunal Constitucional al permitir la votación de una resolución que abrió la puerta a la vía de secesión unilateral de Cataluña.
La demanda penal fue formalizada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debido a la condición de diputada de Forcadell, lo que la convierte en aforada y le da el derecho a ser juzgada por un tribunal distinto al ordinario.
"He dicho y reitero que hice lo que tenía que hacer: defender la soberanía del parlamento, el derecho de participación de los diputados y diputadas y la libertad de expresión. Estoy dispuesta a defender esto donde haga falta", afirmó la presidenta de la cámara regional en una breve comparecencia tras conocer la presentación de la querella.
Además, sostuvo que su eventual inhabilitación sería "un ataque tan grande a la democracia", que "no lo contempla de ninguna manera".
La Fiscalía sostiene en su escrito que Forcadell desobedeció de forma intencionada al Tribunal Constitucional para "imponer sus ideas políticas soberanistas por la fuerza de los hechos", según el escrito publicado por la prensa local.
La acusan de desobediencia y prevaricato, ya que consideran que utilizó su cargo para alterar arbitrariamente el sentido del mandato electoral del 27 de septiembre de 2015, cuando los independentistas se impusieron en las urnas en unos comicios regionales que fueron presentados como un plebiscito sobre la secesión.
La querella contra Forcadell se suma a la que afronta el ex presidente catalán Artur Mas y dos de sus ex consejeras, quienes afrontan penas de inhabilitación de diez y nueve años respectivamente, por delitos de desobediencia y prevaricato por la consulta simbólica de secesión celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y que también había sido vetada por la Justicia.
La ofensiva judicial, impulsada por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy, llega en un momento de escalada del conflicto entre el gobierno regional catalán y el Ejecutivo central de Madrid, ante determinación del presidente independentista Carles Puigdemont de avanzar en el proceso de secesión.
Puigdemont renovó recientemente la confianza del parlamento catalán para consumar el plan diseñado por Mas y negociado con el partido anticapitalista CUP que contempla llevar a cabo un referéndum de secesión a mediados de septiembre de 2017, se haya llegado o no a un acuerdo con el Estado español.
