“Mientras no tengamos la certeza de que Odín Sánchez se encuentra sano y salvo, que está con su familia y que se ha devuelto al seno de la sociedad chocoana, no se instalará la mesa de negociaciones en Ecuador”, ha declarado hoy jueves a la prensa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
La decisión, según ha señalado el ministro, la tomó directamente el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
La instalación de la fase pública de diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaba prevista para este jueves en Ecuador, luego de que las partes lo anunciaran el pasado 10 de octubre.
Sin embargo, Cristo ha precisado que la actividad se suspende hasta nueva orden, debido a que “hasta el momento no tenemos una noticia cierta sobre el proceso de liberación de Odín Sánchez”.
En este sentido, el ministro colombiano ha asegurado que los diálogos pueden empezar mañana o el sábado, en el momento en que se tenga la certeza de la liberación del excongresista, secuestrado hace seis meses.
El presidente Santos dijo ayer miércoles que no había firmado la resolución en la que se designaba al equipo negociador con el ELN porque el excongresista Sánchez sigue privado de libertad. “No he firmado resolución designando negociadores con ELN porque no han liberado a Odín Sánchez”, tuiteó Santos.
Odín Sánchez Montes de Oca está cautivo desde hace seis meses, cuando se entregó a cambio de su hermano Patrocinio, exgobernador del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia, secuestrado en 2013 por el ELN, la segunda guerrilla del país luego de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estas negociaciones se van a iniciar en un momento en que las delegaciones del Gobierno y de las FARC trabajan con intensidad para salvar el convenio que, tras casi cuatro años de negociaciones, firmaron el 26 de septiembre las partes, pero que fue desaprobado en plebiscito el 2 de octubre.
Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública, dejando unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
