(17/10/16 - Guatemala)-.Con el presidente Ranulfo Rafael Rojas Cetina a la cabeza, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han recibido este día de la Asamblea Social y Popular (ASP) dirigida por Daniel Pascual, del CUC, cuatro amparos para recuperar tierras ancestrales y otras peticiones en ocasión del 12 de octubre cuando en la conmemoración de descubrimiento de América (12 octubre 1492) se desarrolló la “Marcha de la Dignidad y la Resistencia Indígena, Negra y Popular”.
La caminata, que partió de El Obelisco a la CSJ, llegará en pocos minutos al Palacio Legislativo –donde habrá un plantón de tres días, hasta el mediodía del viernes, inclusive, así como en la Casa Presidencial. Por ende, el tránsito ha permanecido saturado al paso de las columnas de participantes por el Centro Histórico metropolitano, con efectos directos en la vialidad desde y hacia municipios circunvecinos que en la práctica solo son ciudades-dormitorio.
Con la consigna “Nunca nos hemos detenido y cada vez somos más”, la ASP realiza la jornada coincidente con el Día de la Raza o de la Hispanidad, pero Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), insiste en que “no es una fecha de celebración, sino de lo duro que fue la invasión europea en nuestro continente y la imposición de una cultura a nuestros pueblos indígenas”.
En el interior también se efectúan Marchas por la Dignidad y la Resistencia, pero en la capital se concentrará la mayor cantidad de activistas. Recorrieron la avenida Reforma, estuvieron ante la CSJ y en el Congreso programan dos vigilias durante las cuales exigirán a los diputados aprobar normas reguladoras relacionadas con el agua y el desarrollo rural integral.
Para el viernes 14 a mediodía, la Asamblea Social y Popular espera recibir el informe circunstanciado de la Comisión Interparlamentaria que hizo la verificación acerca del desvío de cauces de numerosos ríos, pero permanecerán ahí dos noches con el objetivo primordial de que sus planteamientos sean atendidos como corresponde. Entre tanto, este frente “por la Dignidad y la Resistencia Indígena, Negra y Popular”, se refiere de la siguiente manera al:
Aniversario de la invasión y el despojo
Este 12 de octubre, cuando conmemoramos 524 años de Dignidad y Resistencia Indígena, Negra y Popular frente a la invasión y el despojo, reafirmamos que la crisis actual no se resuelve con un cambio de gobierno o de partido, ni con reformas superficiales al funcionamiento del Estado.
La crisis política, que se hizo más evidente a partir de abril del 2015 y que afecta a todas las instituciones y actores, nos plantea la necesidad y la posibilidad de cambiar de raíz este modelo de Estado y de sociedad. Para ello reafirmamos que necesitamos una nueva Constitución que se redacte e impulse a través de un proceso constituyente de carácter plurinacional, multisectorial y popular, construido desde los pueblos y en articulación con otros actores sociales en lucha.
Por esto nos movilizamos, para transformar un Estado que solo sirve para unos pocos y reprime los derechos de las minorías: empresarios nacionales y transnacionales que despojan bienes y territorios y criminalizan las luchas de los pueblos con la complicidad de medios de comunicación corporativos, instituciones de justicia, diputados, poder Ejecutivo e instituciones del Estado.
#SeguimosEnMarcha por el cuidado del agua, los bienes comunes y la vida; por la investigación de las acciones de las empresas que contaminan, desvían, bloquean y se apropian impunemente de las fuentes de agua; por la discusión a nivel nacional de la problemática del agua y los derechos relativos a la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.
Defendemos nuestros territorios y resistimos en La Puya, contra la hidroeléctrica Renace, en el plantón de Quezada, en territorio xinca de Xalapán, en la resistencia de las comunidades kakchiqueles de San Juan Sacatepéquez contra la cementera, denunciando el ecocidio en el Río La Pasión, frente a la criminalización y encarcelamiento de dirigentes comunitarios en San Marcos, norte de Huehuetenango o Coatepeque. Defendemos la memoria, los derechos individuales y colectivos, promoviendo una nueva forma de organización y de relaciones basada en la solidaridad, los derechos colectivos, el rechazo a todo tipo de violencia, por ejemplo, la violencia ejercida en todos los espacios contra las mujeres.
Por ello retomamos los objetivos planteados durante la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, demandando una ruta de transformaciones en el corto y medio plazo, que se vinculan con nuestras propuestas de cambio del sistema:
1) La respuesta a las demandas que pueblos, comunidades, autoridades y organizaciones entregamos el 22 de abril de este año a los tres poderes del Estado: entre otras, la persecución penal de oficio contra empresas acusadas de bloqueo, apropiación, contaminación y robo de aguas, la investigación pronta de las denuncias ya realizadas por comunidades y la modificación del Código Penal en lo concerniente al delito ambiental; así como la ampliación del informe que el MARN presentó a la Asamblea Social y Popular y el informe que debe entregar el Congreso de la República y la respuesta a demandas específicas de organizaciones y comunidades.
2) El fin de la criminalización y persecución a dirigentes comunitarios, incluyendo la revisión de procesos penales abiertos contra dirigentes, que han sido construidos de manera irregular.
3) La orientación del Estado (presupuestos, instituciones, acciones prioritarias en salud, educación, vivienda, justicia) a la construcción de una agenda de emergencia para el cumplimiento de su función constitucional (construcción del bien común).
4) La aprobación de una agenda mínima de reformas para la democratización del país, entre otras: Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, Ley de la Juventud, Ley de Aguas, reconocimiento del pluralismo jurídico, reconocimiento del carácter vinculante de las consultas comunitarias. En todos estos casos, la discusión y aprobación de estas leyes debe darse con diálogo transparente, abierto y participativo.
En el mes en que recordamos 72 años del inicio de la Revolución Democrática y 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, ambos logros de las luchas populares e intentos de construcción de un nuevo pacto político y social desde los pueblos, no desde los ricos, reiteramos nuestra voluntad de acompañar y articular fuerza en las luchas sociales contra la corrupción, por la democratización de la universidad, de estudiantes, maestros democráticos, comerciantes, pescadores, pobladores urbanos, mujeres rurales y otros sectores, articulándonos desde nuestras identidades y formas de acción diversas.
La lucha contra la injusticia y el cuidado de la vida requieren el compromiso, la participación y la articulación horizontal de todas y todos.
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