"No es una buena noticia, es parte de las dificultades que venimos enfrentando para llevar adelante este juicio y lamentablemente es un nuevo retraso y una dificultad de las tantas que se vienen registrando a lo largo de este proceso", dijo el dirigente y uno de los principales querellantes en esa causa.
Garay consideró que la renuncia de los jueces subrogantes José Quiroga Uriburu (de La Rioja) y Carlos Lescano y José Fabián Asís (de Córdoba) "tiene que ver con el momento político que se vive y la carencia de jueces en la justicia que se viene sufriendo hace tiempo".
"En la Megacausa 3 llevó mucho tiempo designar el primer tribunal, que luego fue apartado. Y tras las renuncias de los tres jueces designados la semana pasada, espero que la Cámara de Casación Penal ponga la misma celeridad y urgencia, para tratar de resolver este problema", añadió.
El diálogo con Télam, el dirigente del Instituto de la Memoria, Vedad y Justicia de Santiago del Estero dijo "desconocer las causas de las renuncias" y agregó que "son jueces que están atosigados de trabajo que se suma a la carga laboral que ya tienen en otras jurisdicciones".
"Estamos dispuestos a continuar y a seguir exigiendo la celeridad para la integración de un nuevo tribunal y que se den las condiciones para llevar adelante el proceso judicial", acotó.
Para finalizar, Garay destacó "la voluntad de la justicia" en llevar adelante el proceso judicial "en contraposición a los deseos que tienen las defensas con tantas recusaciones para impedir la realización de este juicio".
Antes de las renuncias de los magistrados nombrados hace apenas hace una semana al frente del tribunal, habían sido apartados, por una resolución de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, los magistrados, Juan Ramos Padilla, Alicia Noli y José Maria Pérez Villalobo quienes estaban al frente del tribunal. Es decir que ahora se deberá nombrar un nuevo tribunal, que será el tercero en esta megacausa.
El frustrado juicio oral, que volverá a iniciarse en fecha aún no determinada, había comenzado el 22 de agosto pasado y los abogados de los imputados recusaron a los jueces Noli y Villalobo por "la absoluta parcialidad" y por "su pasado de militancia en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”. Y en el caso de Ramos Padilla, por haber sido querellante en otras causas de derechos humanos.
Durante las audiencias, los acusados, entre ellos el ex juez federal Santiago Olmedo De Arzuaga y otros once acusados entre militares, policías y un civil, se negaron a prestar declaración indagatoria, En todos los casos, los militares y policías acusados, entre ellos el ex comisario Antonio Musa Azar, llegaron al juicio oral procesados por los delitos de "desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios calificados", todos en concurso real y como integrantes de una "asociación ilícita".
Entre los casos, el TOF investiga las desapariciones de Armando Archetti, Mirta Azucena Castillo, el soldado Hugo Concha, Santiago Augusto Díaz, Daniel Enrique Dichiara, Mario Alejandro Giribaldi, Julio César Salomón y el banquero Ricardo Abdala Auad.
