‘‘En México hay un patrón contra los defensores de la tierra, de los pueblos indígenas, de los que luchan contra los abusos, y ese patrón es la persecución, la detención arbitraria y la cárcel’’, explicaron a La Jornada los afectados.
Después de estar más de un mes viajando por Bruselas, Alemania y España, denunciando la situación que viven desde hace años, los familiares y amigos de los ‘‘presos políticos’’ mexicanos explicaron que denuncian cinco casos concretos, pero con el objetivo de explicar que éstos son el reflejo de una realidad más amplia y que supone una violación sistemática y amenaza de los líderes y defensores de los derechos humanos.
La delegación mexicana presentó ante la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y diversos grupos los casos de Damián Gallardo, indígena de Oaxaca preso desde hace más de dos años por un supuesto delito de secuestro de menores; Librado Baños Rodríguez, detenido en agosto del 2013; Pedro Canché Herrera, aprehendido en agosto del 2014 y posteriormente liberado, pero al que todavía se le sigue un proceso penal.
También mencionaron a Enrique Guerrero, estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México detenido el 17 de mayo del 2013, y por último el expediente de la activista guerrerense Nestora Salgado, quien ya se encuentra en libertad, pero ‘‘cuyo caso ejemplifica con claridad que las fuerzas del orden público y la justicia mexicana trabajan de forma coordinada para crear falsas imputaciones y detener por motivaciones políticas a personas involucradas en la lucha social’’.
Yolanda Barranco, compañera de Damián Gallardo, explicó: ‘‘Estamos denunciando sólo cinco casos de detención arbitraria, pero hay que señalar que esto es un patrón sistemático de México que se utiliza contra muchos defensores de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de la tierra, de los recursos naturales, de la educación y del agua; todos ellos están detenidos de manera ilegal y arbitraria’’.
Añadió que en el caso de Damián Gallardo ‘‘fue detenido con lujo de violencia, sufrió tortura física y sicológica, pero además se le imputaron delitos que no tienen nada que ver con él ni con su trayectoria de lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, la educación y los derechos humanos’’.
La delegación mexicana, también integrada por Juan Sosa Maldonado, ‘‘preso político’’ y con el estatuto de refugiado en España, y por Ricardo Flores, amigo de Enrique Guerrero, presentaron ante la opinión pública europea toda la información, documentos y pruebas que han acumulado en los últimos años que demuestran la ‘‘arbitrariedad’’ de las detenciones y la vulneración de sus derechos más esenciales.
Además, lamentaron la falta de diálogo con el gobierno mexicano, señalando sobre todo a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. ‘‘Actualmente ya no sólo le exigimos una reunión, sino que ese encuentro sea para resolver de manera clara y definitiva estos casos’’, señaló Barranco.
