Según lo dispuesto, el fiscal general puede solicitar al tribunal la detención indefinida de un terrorista condenado, un año antes de que expire su sentencia, al alegar que representaría un riesgo y podría reincidir al ser liberado.
El ministro australiano de Justicia, Michael Keenan, dijo que el proyecto de ley fortalece la capacidad de las agencias nacionales de seguridad para impedir la liberación de esos convictos.
Actualmente alrededor de 40 personas son procesadas y otras 17 están encarceladas por cargos de terrorismo, añadió.
Por su parte la opinión pública critica la nueva disposición legal, al considerar que socava las libertades civiles en Australia.
La legislación surge en medio de un aumento de las operaciones de lucha contra el terrorismo en todo el país, cuyo nivel de alerta permanece elevado desde septiembre de 2014.
