Los jueces Fátima Ruiz López, Gretel Diamante y Marcelo Grosso denunciaron la “decisión inconsulta, arbitraria e ilegal” del órgano que depende del Poder Ejecutivo, advirtieron que se trata de “un acto de suma gravedad institucional” que viola la división de poderes y que los traslados a cargo del SPF tienen “cada día más fallas y de mayor gravedad, y no sólo en Mendoza”.
La decisión se produjo tras una semana de silencio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, a quien los magistrados le pidieron que informara “las razones de la decisión inconsulta e imprevista”.
El Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, en el corazón del que fuera el mayor centro clandestino del Ejército, no tiene celdas sino habitaciones, cuenta con un campo de deportes para que los detenidos jueguen al vóley y al fútbol, y un quincho para que reciban visitas. Alojó a represores hasta septiembre de 2013, cuando el gobierno de Cristina Kirchner lo cerró por el riesgo de evasiones, tras la fuga de dos condenados del Hospital Militar Cosme Argerich.
El traslado inconsulto de Guevara, condenado a perpetua que afronta su segundo juicio desde hace casi dos años, se produjo el viernes 2. A las nueve de la noche la División Judiciales del SPF, que cuenta con celulares de jueces y secretarios, envió un mail al correo de la secretaría de Derechos Humanos del tribunal para informar del traslado.
El único motivo invocado fue la necesidad de “generar plazas” en las cárceles para implementar la ley de flagrancia. El lunes 5, al enterarse, los jueces enviaron una nota a Garavano y al SPF para expresar su preocupación por el traslado sin autorización y pidieron que les informaran “pormenorizadamente las razones”. Al Servicio le ordenaron que no dispusiera ningún otro traslado sin autorización.
Garavano no acusó recibo. El SPF envió la resolución que dispuso el traslado de Guevara y otros militares a Campo de Mayo, y otra firmada por su director, Emiliano Blanco, que habilitó “el alojamiento transitorio de internos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad”, fundada en normas internacionales sobre reclusos de la tercera edad, en problemas de salud de los represores y en la necesidad de plazas para implementar la ley de flagrancia. El fiscal Dante Vega, por su parte, pidió que se reintegrara a Guevara a Marcos Paz.
Ruiz López, al fundamentar la decisión, recordó que las modalidades de detención son decisión del tribunal oral, responsable de garantizar el “delicado equilibrio” para cumplir con las garantías de las partes, incluido el contacto con imputados que no están presentes en la sala.
Destacó que Guevara seguía las audiencias por videoconferencia desde Marcos Paz y que Campo de Mayo no tiene equipo de videoconferencia por lo que debería ser trasladado varias veces por semana, para peor en vehículo especial por el “síndrome vertiginoso que dice tener”, y refutó a Blanco al recordar que el militar tiene 65 y ninguna patología de gravedad, que en todo caso debe tratarse en el Hospital de Ezeiza.
Al resaltar el “pésimo funcionamiento” de los traslados a cargo del SPF apuntó que no era un problema acotado a Mendoza. “Me consta que en Buenos Aires la crisis es de gravedad institucional porque se ven frustrados juicios sólo por el mal funcionamiento y la arbitrariedad en los traslados, y en las decisiones arbitrarias de no hacerlos”, afirmó. Por último, denunció la “grave intromisión” del Gobierno en facultades del Poder Judicial, la “violación flagrante a la división de poderes”, y destacó el silencio de radio de Garavano.
