Los dirigentes indígenas de la TCO Kaguasu, Iupaguasu, Comité de Defensa de la Tierra y Territorio de la provincia Vallegrande, comunidad Moroco Lajita, S.O.S Parapetí de Camiri, Codapma, denuncian también la afectación en el área protegida de UNMI, Río Grande en el valle cruceño.
Las comunidades reunidas el pasado 3 de diciembre en la Tatarenda nuevo, en el municipio de Gutiérrez, emitieron un voto resolutivo donde firman el “rechazo unánime y total del proyecto inconsulto de la construcción del proyecto Rositas y la afectación directa e indirecta” de las poblaciones aledañas.
De acuerdo al documento difundido a los medios de prensa en La Paz, advierten que la ejecución tendrá “imprevisibles consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales” en la provincia Cordillera y Vallegrande en Santa Cruz y en la provincia Luis Calvo de Chuquisaca.
Asimismo anuncian que en defensa de sus derechos constitucionales, activarán todos los mecanismos judiciales y de protesta y solicitan a las autoridades abstenerse de cualquier medida de amedrentamiento.
Lamentaron la negativa del Ministerio de Energía e Hidrocarburos el informe técnico y legal solicitado por la comunidad Tatarenda nuevo el 5 de octubre de 2016, acción considerada como omisión al derecho de las personas colectivas.
Los líderes indígenas ratificaron unidad en defensa del territorio ante el inconsulto proyecto adjudicado a la Asociación Accidental Rositas (AAR), que construirá un embalse destinada a la central con una potencia instalada de 400 MW, está ubicada en la confluencia de los ríos Rositas y Grande, en la región de Abapó.
Además, comprende el estudio de siete sitios de presa aguas arriba de Rositas para la generación de energía eléctrica. El contrato fue firmado el 15 de septiembre de 2016 con la AAR para ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica con una inversión de 1.000 millones de dólares.
