El texto precisa que en 2016 se presentaron 117 homicidios contra activistas y luchadores por los derechos humanos, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5 casos de desaparición forzada.
En el informe se destaca que más de la mitad de los hechos sucedieron en el sur occidente colombiano en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, donde fueron asesinados 57 líderes sociales, de los cuales 43 fueron en el Cauca, 9 en Nariño y 5 en el Valle.
Más allá de las cifras, el documento llama la atención sobre la importancia de analizar cada uno de los casos como un conjunto, no como hechos desligados uno del otro, puesto que “las situaciones de amenazas, los asesinatos, atentados, las diferentes modalidades de ataque a las comunidades, todo forma parte de una misma situación”, puntualiza Leonardo González, coordinador de la unidad investigativa de Indepaz.
González revela que una de las preocupaciones es que los homicidios cometidos contra líderes, han sido en el marco la primera fase del proceso de implementación de los acuerdos de paz.
El informe también advierte sobre “patrones comunes de amenaza” en 15 departamentos de Colombia: todas han sido a través de panfletos, “donde indican nombres de personas pertenecientes a organizaciones, líderes que son acusados de guerrilleros encubiertos, señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las regiones”.
Gonzáles señala que “hay una realidad dramática que tiene que ser atendida” y por ello se hace necesaria una voluntad de cambio representativa por parte de la sociedad colombiana.
Indepaz exhorta a se apliquen las medidas efectivas para “la protección del derecho a la vida”, pues actualmente más de 30 organizaciones son perseguidas de manera sistemática.
“Es un llamado para que el Estado reconozca el fenómeno paramilitar existente y que les garantice la vida a los líderes y defensores de derechos humanos”, refiere el Instituto.
El dato: En los últimos tres años han aumentado los crímenes de líderes sociales en Colombia. En 2014 se presentaron 78 asesinatos, mientras que en 2015 la cifra llegó a los 105 activistas sociales ultimados.
