En los últimos años la problemática de la falta de vacantes se ha agravado. En el año 2014 hubo un déficit de 4.000 vacantes. En el año 2016, el propio Poder Ejecutivo reconoció que 11.000 niñxs se quedaron sin poder acceder a la educación pública.
Para el año 2017, el Gobierno de Larreta aún no comunicó la cantidad de niñxs sin vacantes, no existen cifras oficiales. En procesos judiciales, los funcionarios del Ministerio de Educación informaron que recién contarán con ese número el 9 de marzo, cuando las clases ya se encuentren iniciadas.
A pesar de encontrarse en el gobierno hace 9 años, el PRO no ha podido cumplir con el mandato constitucional mínimo del artículo 24. Este dispone que la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior.
Incuso con sentencias judiciales que ordenaron la construcción de escuelas para solucionar estructuralmente la cuestión de la falta de vacantes, el GCBA ha decidido continuar desfinanciando la educación pública y no avanzar con un plan de construcción de infraestructura a gran escala de acuerdo a las necesidades de la ciudad.
Son cientos los amparos presentados en la Justicia porteña y decenas las medidas cautelares otorgados por jueces obligando al GCBA a garantizar el acceso a la educación.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad estamos presentando acciones judiciales individuales por familia a fin de que el GCBA garantice este derecho. Los padres que tengan a sus hijos en lista de espera por falta de vacantes pueden comunicarse con nosotros para iniciar los amparos.
