El recinto de Río Piedras, el principal del sistema público, decidió paralizar la docencia después de una asamblea de más de seis horas de deliberaciones del Consejo General de Estudiantes, por considerar lesiva la reducción de 300 millones de dólares de su presupuesto en dos años.
La decisión de realizar el paro tuvo eco en diversos sectores del país, que han respaldado la iniciativa, mientras que el gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló, advirtió de las consecuencias negativas que puede tener ante la junta de control fiscal.
Rosselló planteó que no se puede reducir ese dinero al plan de salud pública, cuyos fondos se tragan la aseguradoras, y según los propios médicos, dejan caer migajas para la atención de los pacientes.
Consideró que unos 200 mil puertorriqueños se quedarían sin tarjeta de salud del gobierno de hacerse el recorte en ese renglón.
‘Eso es un chantaje para ponernos a pelear unos con otros’, expresó José Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.
Los universitarios decidieron marchar hoy hasta el Capitolio, en San Juan, para reclamar de la Asamblea Legislativa que se hagan ajustes equilibrados para no provocar el colapso de la centenaria UPR.
La casa de altos estudios tiene un presupuesto anual de mil 469 millones de dólares, de los cuales 833 millones corresponden a una fórmula de acuerdo con los ingresos fiscales del Estado, la que se ha afectado en los últimos años con la caída de los recaudos.
La presidenta interina de la UPR, Nivea Fernández, afirmó que identificaron 197 millones de ahorros estimados en ajustes del presupuesto, matrícula ajustada a los ingresos familiares y fondos provenientes de otras áreas, como los cursos en línea, que pueden atraer a alumnos del extranjero.
‘A la corta o a la larga tenemos que movernos hacia la sustentabilidad fiscal’, subrayó Fernández.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, firmó la víspera una ordenanza municipal en apoyo a la UPR, sus estudiantes, empleados y facultad, y de repudio a los recortes de 300 millones de dólares de fondos ordenados por la junta de control fiscal y avalados por la administración de Rosselló. ‘Siendo San Juan el centro docente con mayor número de estudiantes, cualquier limitación en la actividad educativa implicaría a su vez una acción contra el desarrollo económico de (la capital), en especial de Río Piedras’, aseguró la alcaldesa.
La ejecutiva municipal capitalino denunció que esos recortes son parte de las acciones del gobierno para cumplir con los planes de la junta de control fiscal, impuesta por Estados Unidos mediante la legislación Promesa.
‘La educación no es un gasto es una inversión necesaria para producir una sociedad más productiva, equitativa y libre de discriminación’, expresó Cruz.
