La causa se tramita ante el juzgado federal 5, subrogado por el Marcelo Martínez de Giorgi, y se inició con una denuncia policial hecha el pasado 3 de enero por la directora nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos de la propia secretaría, Rosana Gargiulo, acerca de la falta de cuatro expedientes "y varios más", tras encontrarse con un estante que había sido vaciado.
Los expedientes habrían sido robados de las oficinas de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias que, entre otras cosas, agrupa la prueba necesaria para acreditar cada pedido de reparación indemnizatoria para las víctimas del terrorismo de Estado.
Gargiulo denunció que había confirmado la falta de los expedientes que contenían los trámites de José Lázaro Alonso, Santiago Catalino Andes, Víctor Canotia y Oscar Norberto Miller.
La falta de esos expedientes había sido detectado por empleados de la secretaría el 23 de diciembre y el hecho recién se denunció en la Comisaría 1ª más de 10 días después, según consta en la presentación a la que accedió Télam.
La funcionaria denunciante destacó que en el edificio ubicado en la calle 25 de Mayo 544, de donde fueron sustraídos los documentos, opera también una oficina de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y otra de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
En diálogo con esta agencia, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira (foto), confirmó un faltante de 140 expedientes, y aseguró que el personal del organismo "trabaja activamente para recuperar la información" que existía en esos documentos.
"Vamos a trabajar para que no se pierda ninguna información. Nos vamos a poner en contacto con las personas involucradas y trataremos de llevarles tranquilidad", remarcó el funcionario.
Cuando la denuncia policial llegó a los tribunales federales de Retiro cayó en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien se encontraba de turno en la feria judicial pero luego pasó por sorteo al juzgado que subroga Martínez de Giorigi.
El juez delegó la investigación en el fiscal federal Ramiro González quien -según informaron las fuentes- en los próximos días solicitará el testimonio de Mónica Gavilanes, Roxana Lódico y Silvana Giraudo, tres funcionarias del área que tramita las pensiones para victimas del terrorismo de Estado.
Fuentes judiciales indicaron que desde la secretaría que conduce Claudio Avruj informaron que tras la denuncia se inició un sumario interno para intentar determinar qué fue lo que pasó y cuántos expedientes faltan.
Además de los hechos denunciados por la Secretaria de Derechos Humanos, Télam pudo saber que varias personas que estuvieron detenidas durante la dictadura comenzaron a contactarse entre sí luego de que les informaran que sus trámites se habían interrumpido por la "pérdida de los documentos".
La ex presa política y ex subsecretaria de derechos humanos de Misiones, Amelia Báez, se enteró hace dos semanas que el trámite que había comenzado hace un año y medio se había interrumpido y que tenía tres días para juntar la documentación necesaria y comenzarlo nuevamente.
"Me llamaron de la ANSES local -donde se presentan los documentos en cada provincia- para informarme que se habían perdido los documentos y de inmediato nos pusimos en contacto con otros daminficados", contó Báez.
"Rápidamente encontramos otros 12 casos en Misiones y, según trascendidos que recogimos luego de haber tomado contacto con los otros perjudicados", sostuvo.
(Telam)
