"Estamos cumpliendo con una demanda que existía desde hace muchos años en nuestro gremio. Todos los años, en los aniversarios de estas luchas se pedía justicia y no se hacía nada. Esta comisión directiva se hizo cargo de este reclamo y decidimos presentarnos como querellantes en esta causa", señaló en diálogo con Télam Pablo González (foto), secretario general de la UOM de Villa Constitución.
El miércoles, en la sede que la Procuración General de la Nación tiene en la ciudad de Buenos Aires, representantes del gremio se reunieron con el Fiscal General de Rosario, Adolfo Villatte, y le anunciaron su voluntad de formar parte de la acusación en este expediente.
Participaron de esa reunión el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Victorio Paulón; la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Mary Dal Dosso; y el ex trabajador de Acindar, Zenón Sánchez, víctimas de loss hechos represivos que son investigados.
"Fue una reunión muy buena. Nosotros como sobrevivientes valoramos el trabajo de la fiscalía en el impulso de esta causa y la intención del gremio de honrar la memoria de esta lucha", le indicó Paulón a esta agencia.
En marzo de 1974, los trabajadores de la planta de Acindar en Villa Constitución declararon una huelga y ocuparon la planta de la empresa tras la expulsión de los delegados combativos que formaban parte de la UOM.
Un año después, en pleno gobierno de Isabel Martínez de Perón, las fuerzas de seguridad aplicaron un operativo conocido como "Serpiente del Paraná" por el cual sitiaron la localidad santafesina y detuvieron a 300 obreros. Desde ese día, 20 trabajadores de la fábrica están desaparecidos.
Los trabajadores declararon una huelga de más de dos meses, que fue doblegada por la empresa, y en 1976, tras el golpe de Estado del 24 de marzo, la ciudad fue nuevamente ocupada y otros 400 trabajadores fueron secuestrados por las fuerzas represivas.
"Es una causa que muestra la complicidad que tuvo un sector del empresariado con el aparato represivo de la última dictadura. Los trabajadores, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, fueron señalados por la patronal", sostuvo en diálogo con Télam Villatte, el fiscal a cargo de la investigación.
Para el funcionario judicial, Acindar se "benefició directamente" con la represión ilegal, al punto de ser beneficiada por las políticas aplicadas por los gobiernos militares que ejercieron el poder entre 1976 y 1983.
"El presidente del directorio de la empresa antes del golpe era José Alfredo Martínez de Hoz, que luego asumió como ministro de Economía de la dictadura. En esos años, con beneficios impositivos, tarifas subsidiadas y un férreo control sobre sus trabajadores, Acindar se quedó con el monopolio de la producción siderúrgica en el país", explicó Villatte.
El expediente de esta causa está radicado en el Juzgado Federal Número 4 de Rosario, a cargo del magistrado Marcelo Bailaque, y la Fiscalía tiene plazo hasta el 20 de marzo para presentar pedidos de indagatoria.
