“Es momento de cambiar estrategia… que sepa el gobierno de Peña Nieto que si no nos entregan a los 43 normalistas, vamos a empezar a actuar de manera diferente en la estrategia de lucha. Ya fuimos pacíficos dos años cuatro meses y días, pero hoy tenemos la necesidad más grande”, advirtió Felipe de la Cruz Sandoval, portavoz de los familiares.
En rueda de prensa ofrecida en el Mercado Hidalgo, acompañados por dirigentes de la organización de vendedores ambulantes “28 de Octubre”, Cruz Sandoval señaló que al paso del tiempo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cree que va ganando terreno y que la lucha por “los 43” se diluirá.
Incluso, consideró que el gasolinazo decretado en enero pasado es una forma de distraer la atención sobre el caso de la desaparición de los estudiantes.
“Se le olvida que también somos mexicanos. El aumento de la gasolina es un doble golpe para nosotros, no están nuestros hijos y nos quiere hundir en la pobreza”, manifestó.
Felipe de la Cruz reiteró la postura que han sostenido desde el inicio del movimiento de que no habrá negociación alguna hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos y castigar a los responsables.
“No tenemos nada que negociar porque los hijos no se negocian. Estamos seguros que si nosotros encontramos a los jóvenes y castigamos a los culpables, todas las reformas aplicadas por Peña Nieto se caen”, recalcó.
Mario César González Contreras, otro de los voceros del movimiento, recordó que recientemente tuvieron una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se les pidió que tuvieran confianza.
“Tanto fue el cinismo de pedirnos confianza”, reclamó, al indicar que en esa reunión los representantes de la dependencia los quisieron engañar al reducir los señalamientos contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“De 18 faltas penales que se le habían encontrado, nos quisieron asegurar ahora que sólo son siete faltas y administrativas, no penales”, denunció.
El vocero recordó que del gobierno federal siempre han encontrado el ocultamiento de información y protección para los funcionarios públicos.
Tal es el caso, dijo, de la “libreta negra” que fue decomisada al presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, donde aparecen los nombres de Leonardo Vázquez y Omar Acid García, el primero funcionario de la Procuraduría de Justicia de Guerrero y el segundo, jefe de la Policía Federal en Iguala.
Los inconformes indicaron que esa información se ocultó a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan el caso, igual que el hecho ocurrido en junio de 2014, meses antes de que sucediera la tragedia en Ayotzinapa, cuando el principal jefe de Guerreros Unidos fue detenido en Puebla con un camión con drogas y dólares.
González Contreras lamentó que ellos mismos y el resto de los mexicanos, no hayan sabido defender al grupo de expertos que fueron corridos del país cuando avanzaban en las investigaciones y pudieron haber resuelto el caso, lo que no ha ocurrido con los crímenes de Estado cometidos en este país desde 1968.
“Estos 43 padres ya están decididos a todo, no sabemos hasta dónde podamos llegar, hasta dónde tengamos la capacidad de llegar, pero lo que sí pueden estar seguros es que vamos a seguir luchando por esos 43 hijos”, advirtió.
