Los nativos, que pertenecen al pueblo avá guaraní, fueron desalojados en septiembre de 2016 por policías, agentes del Grupo Especial de Operaciones y funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en un “despliegue de fuerza absolutamente desproporcional”, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.
“Fue un desalojo muy violento. El propio Indi, que debe velar por nuestros derechos, estaba de parte de los que desalojaban. Quemaron nuestra escuela y nuestro templo, pusieron secante químico para arruinar nuestras chacras, se apropiaron de nuestras motocicletas y robaron nuestros animales”, declaró Amada Martínez, maestra de la comunidad de Sauce, al este de Paraguay.
Los indígenas apuntan al empresario sojero Germán Hutz, suegro de la hermana del vicepresidente de Paraguay, Juan Afara, y propietario de algunas fincas que rodean a Sauce, como impulsor del desalojo, que se ejecutó a través de una orden judicial, pero nunca se notificó a los nativos, según denuncian.
Afirman además que el terreno donde se ubica la comunidad forma parte de sus tierras ancestrales, y por tanto no pueden ser desalojados de él sin una consulta previa, libre e informada, según las leyes paraguayas y los convenios internacionales, que les protegen además contra el uso de la fuerza.
“Las leyes reconocen que los indígenas estamos acá desde antes de que existiera Paraguay como país, desde antes de que existiera cualquier título de propiedad. Tenemos estudios antropológicos que demuestran que siempre vivimos en la zona, que allí tenemos nuestros cementerios, nuestras vidas, nuestra historia”, dijo Cristóbal Martínez, líder de la comunidad.
Tras este desalojo, la comunidad de Sauce vive refugiada en un área boscosa cercana a la hidroeléctrica de Itaipú, donde tienen prohibido cazar, pescar o recolectar alimentos.
Además de esta precariedad, los desplazados reciben presiones para abandonar la zona próxima a Itaipú, la represa cuya construcción forzó su primer desalojo en 1974, que quedó grabado como un trauma en la memoria de la comunidad.
Cristóbal Martínez recuerda cómo los ingenieros de Itaipú planificaron entonces el rumbo de la hidroeléctrica directamente sobre las viviendas de los indígenas, y censaron a unas 1.300 personas que tenían que ser desalojadas, debido a que el nivel del río Paraná iba a ascender por la construcción de la represa, y la zona podía inundarse.
Los indígenas fueron trasladados en camiones al pueblo de Yukyry, a unos 150 kilómetros de Sauce, un lugar donde no tenían ni agua, ni bosque, y adonde les llevaron sin darles ningún tipo de indemnización, recordaron.
“Cada noche llenaban un camión con gente y les llevaban, algunos se bajaban por el camino. Después del desalojo murió mucha gente, se enfermaban de leishmaniasis (enfermedad parasitaria asociada a la malnutrición y los desplazamientos de población), y algunos murieron también de tristeza”, expuso Cristóbal Martínez, cuya familia fue la última en abandonar Sauce.
Los indígenas fueron dispersándose y migrando a varias comunidades en busca de mejores condiciones de vida, y en 2015 decidieron regresar a sus tierras ancestrales, donde permanecieron hasta que el pasado septiembre les sorprendió un desalojo “mucho más violento” que el de 1974, dicen.
Pese a que el Estado paraguayo reconoció en 2013 su “deuda histórica con las comunidades indígenas avá guaraní parananenses afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Itaipú”, y declaró “la procedencia de los reclamos por daños y perjuicios”, los indígenas de Sauce nunca han recibido reparación alguna.
Su principal reivindicación ahora es recuperar sus tierras ancestrales para poder vivir y transmitir a las siguientes generaciones una cultura que, según dicen, les van arrancando con cada desalojo.
