La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento con prisión preventiva dispuesto sobre el cabo de la Policía de la Ciudad, Diego Hernán Palermo, acusado de dar muerte a un hombre mientras el uniformado perseguía a un vehículo en el barrio porteño de Mataderos, el 27 de diciembre pasado.
Los jueces Alberto Seijas y Carlos Alberto González indicaron que “las particularidades del hecho dan cuenta del peligro que el justiciable creó con su comportamiento, del conocimiento acerca de ese potencial dañoso y de la actitud interna asumida frente a ello, las que evaluadas en conjunto permiten atribuirle el resultado muerte producido a título de la especie de dolo referida”.
Además, subrayaron que “resultaba harto probable un desarrollo causal como el acontecido”, al haber efectuado 11 disparos con su arma reglamentaria “desde un vehículo que circulaba a elevada velocidad, por diferentes arterias en plena zona urbana, con personas transitando por las calles recorridas durante la persecución, en un horario vespertino”.
En la resolución, los camaristas citaron también el Capítulo X del Reglamento General de Armas y Tiros de la Policía Federal que establece que “no justifica el uso de armas, excepto que: en su huida, el agresor continúe haciendo fuego contra el personal policial y ante esa circunstancia no impedir su fuga implique peligro inminente de muerte para sí o terceros”.
Con esos argumentos, los miembros de la Sala IV de la Cámara concluyeron que “si aun representándose que un tercero pudiera ser alcanzado por alguno de los proyectiles lanzados frenéticamente por él [Palermo], igualmente decidió continuar con su plan aceptando esa posibilidad, el fatal resultado deba achacársele bajo la forma doloso del homicidio agravado por el que se lo indagara”.
El 14 de febrero, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°11, Pablo Ormaechea, había resuelto la situación procesal Palermo, como autor del homicidio agravado por haberse empleado en su comisión un arma de fuego de Jonathan Andrés Echimborde. Pero la defensa del imputado apeló la medida.
El hecho
Pasadas las 14:00 del 27 de diciembre de 2016, Palermo y su compañero de la Comisaría N°42, el cabo Villalobos, fueron desplazados hacia la calle Araujo ante el llamado de un hombre que daba cuenta de la presencia de un Volkswagen Bora gris, cuyos ocupantes habrían participado de un hecho.
Al llegar al lugar, los efectivos vieron el vehículo sobre el Pasaje Carolina Muzzili y comenzaron una persecución que duró unas 30 cuadras. Mientras, sobre la calle Basualdo al 1600, Jonathan Echimborde reparaba su camioneta, cuando el Bora pasó a alta velocidad seguido por el patrullero desde el cual Palermo disparaba con el objetivo de detener al conductor del VW. Sin embargo, uno de los 11 disparos efectuados por el cabo impactó en el tórax de Echimborde y le ocasionó la muerte por múltiples hemorragias internas.
Los fiscales a cargo de la investigación trabajaron con el coordinador del Área de Violencia Policial de la Procuvin, Maximiliano Medina, y solicitaron una serie de medidas que incluyeron el apartamiento de la Policía de la investigación y la intervención de la Gendarmería Nacional para la realización de los peritajes.
Asimismo, la Procuraduría especializada encabezada por el fiscal Félix Crous requirió la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, para que ofrezca un perito de parte en el análisis balístico, para lo cual se designó a Silvia Buffalini, quien propuso los análisis que se realizaron el pasado 6 de enero.
Asimismo, se dio participación a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), coordinada por Malena Derdoy, a fin de que brindase contención a los familiares de Echimborde. Por otra parte, el pasado 7 de febrero, las especialistas de la Dovic presentaron un informe a la Fiscalía interviniente, en el que evaluaban la implementación de medidas de seguridad para proteger a los allegados de la víctima, quienes denunciaron situaciones de amedrentamiento.
