- ¿Cuál es la situación del pueblo lenca y de los movimientos populares -en particular el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)- a un año del asesinato de Berta?
– El contexto actual es de criminalización, persecución, amenazas, asesinatos: el Estado hondureño busca imponerse con políticas de terror. El asesinato de Berta Cáceres no fue el primero, ni tampoco el último: han habido más asesinatos después de que mataran a mi mamá. Y el pueblo lenca, a pesar de todo el mensaje de terror, sigue luchando, organizándose. Es el más grande de los nueve pueblos indígenas que tiene Honduras, y el más rebelde históricamente. Todavía no han logrado su exterminio, todavía sobrevivimos, estamos aquí.
Sabemos que se avecinan más luchas y por eso la dictadura ha aprobado un nuevo código penal sobre el “terrorismo”, por el que todos nosotros, como movimientos sociales, vamos a ser perjudicados. Esa ha sido la guerra mediática y jurídica que se ha pretendido desde hace varios años, que busca criminalizarnos todavía más.
En medio de todo el dolor y el terror no nos han detenido: hemos seguido adelante, luchando, con grandes limitaciones. En el caso del COPINH, que es la organización que coordinaba mi mamá, todavía está resistiendo las embestidas del proyecto capitalista y neoliberal, de todas estas políticas de muerte y fascistas que pretenden exterminarnos.
- ¿Qué implicancias tiene este crimen en el marco de la situación política y social en Honduras?
– El asesinato político de Berta Cáceres constituye un antes y un después en la historia de Honduras. Eso vino a generar bastante claridad en la población, conciencia sobre el peligro de defender a la Madre Tierra, de defender la vida y la dignidad de los pueblos. A pesar de tener un perfil internacional muy alto, de ser una lideresa reconocida mundialmente, nada de eso detuvo a las élites criminales, que la mandaron a asesinar con escuadrones de la muerte y con toda una guerra contra nuestros pueblos, con tropas de élite entrenadas por Estados Unidos, por Colombia, por Israel.
Y hay que decir que sin dudas eso genera conciencia pero también terror en la población. Ahora, ser ambientalista o defensor de la vida, ser luchador o luchadora social en este país, es como tener firmada una sentencia de muerte. El crimen de Berta Cáceres es lo que confirma todas las sospechas que había, de que muchas compañeras y compañeros fueron asesinados por escuadrones de la muerte por defender la vida. Como movimientos sociales hemos tenido certeza de ello y siempre lo hemos denunciado: como en la década del ’80, un nuevo Plan Cóndor se ha impuesto a partir del golpe de Estado en Honduras. El golpe de Estado de 2009 fue crucial para reactivar nuevamente todos los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte.
La crisis humanitaria, política y social que vive nuestro país es el resultado de ese golpe de Estado, y es la responsabilidad de una élite criminal incrustada en el Estado de Honduras, formada también de empresarios que trabajan para favorecer al capital transnacional y no a las grandes mayorías de nuestro pueblo hondureño.
- ¿A qué objetivos económicos y políticos responde esta ofensiva?
– Esta ofensiva contra el pueblo hondureño responde a intereses económicos del capital trasnacional que controla el mundo y que pretende saquear nuestros territorios, ya que Honduras es un país sumamente rico en biodiversidad, recursos naturales, tiene salida a los dos océanos (Atlántico y Pacífico), un clima tropical húmedo, oro, petróleo, plata, minerales en abundancia y por supuesto, agua en abundancia. Somos países ricos pero empobrecidos económicamente: históricamente saqueados, explotados.
Estamos conscientes de que estos gobiernos son serviles a los intereses del capital trasnacional porque las élites políticas y empresariales de nuestros países tienen sus beneficios, a costa de dar golpes de Estado. No es una casualidad que después del golpe de 2009 se hayan otorgado más de 300 concesiones para proyectos extractivistas, sin hacer los procesos de consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT. Los beneficiados son una élite empresarial de este país, el capital trasnacional -en su mayor parte- y funcionarios públicos que son diputados pero a la vez empresarios, como accionistas de proyectos extractivistas. Quienes han controlado a este país son élites criminales, realmente.
Honduras ha sido un país ocupado históricamente desde la década de los ‘70 por ser el lugar donde operaban los grupos contrainsurgentes de las denominadas “contras”, contra los procesos revolucionarios de liberación en los momentos de los conflictos armados más serios en Centroamérica. Desde entonces es un país estratégico para atacar a los procesos revolucionarios y liberadores de otros países. Actualmente Honduras es estratégico geopolíticamente y se usa para atacar a países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina.
Honduras fue un laboratorio de nuevos golpes de Estado, de los “golpes blandos” como les llaman. Es un nuevo experimento que luego se puso en marcha en todo el continente. Ahora estamos viviendo los graves resultados. El golpe en Honduras fue un golpe a la democracia de todo el continente.
Todo eso responde a intereses económicos donde no importa la vida de las personas, especialmente de los pueblos indígenas y de los seres que habitamos los países del llamado Tercer Mundo. Todo gira en torno del capital. Por eso seguimos condenando este sistema -como lo decía mi mamá- capitalista, racista y patriarcal.
- ¿Cuál es la situación judicial y en qué estado se encuentra el proyecto Agua Zarca?
– Hasta ahora los autores intelectuales no han sido ni siquiera investigados, muchos menos encarcelados. Las 33 denuncias que interpuso mi mamá en el año 2015 por amenazas a muerte, de violación, de secuestro de sus hijos y su nieto, ninguna de ellas fue escuchada. Ella tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de eso, el Estado hondureño no hizo nada para protegerla y por el contrario, fue cómplice de su asesinato.
Mi mamá denunció reiteradamente que estaba siendo amenazada por funcionarios públicos, por alcaldes, por diputados. Que estaba siendo perseguida por sicarios, por escuadrones de la muerte, por grupos paramilitares que la agredían física y verbalmente. Hasta el día de hoy seguimos exigiendo que se abran líneas de investigación contra la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y que los autores intelectuales de este asesinato sean castigados con todo el peso de la ley.
Actualmente hay ocho personas encarceladas, varios de ellos militares -algunos activos y otros retirados-. Uno es un mayor de las Fuerzas Armadas del Departamento de Fuerzas Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado hondureño, que además ha estado desarrollando misiones en otros países por las Naciones Unidas, para “disolver situaciones hostiles de guerra”. Son personas muy entrenadas por Estados Unidos, que se han conformado en grupos paramilitares.
Nosotros seguimos reclamando que el río Gualcarque sea declarado Patrimonio de la Humanidad, seguimos exigiendo que se cancele de manera inmediata y definitiva las concesiones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y todas las concesiones que se han otorgado de manera ilegal en el país. El proyecto Agua Zarca está suspendido temporalmente pero no se ha cancelado la concesión de manera definitiva.
A pesar de todas las amenazas, de la campaña de odio y desprestigio levantada por más de 18 mil call centers que trabajan para el gobierno de Honduras, nosotros seguimos luchando desde adentro de este país. No nos detiene el miedo, no nos detiene el dolor. Creemos que es momento de actuar a favor de las generaciones venideras, que otra Honduras es posible y que la podemos construir.
Entrevista: Fernando Vicente Prieto, Tegucigalpa, Honduras
