El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra los coroneles retirados Juan José Luis Vargas y Norberto Miguel Giordano y el suboficial Lorenzo Fernández por la desaparición en Puerto Deseado del conscripto Héctor Manuel Irastorza, ocurrida luego de que se lo enviara a una comisión de servicio en 1977.
Asimismo, el fiscal pidió la extracción de testimonios para profundizar la investigación respecto de Luis Alberto Montenegro, quien acompañó al soldado a tomar un micro el día de su desaparición.
El caso es el primero que involucra delitos de lesa humanidad en ser elevado a juicio en la provincia de Santa Cruz. En la investigación, el fiscal Colla contó con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat.
Al momento de los hechos, Vargas y Giordano revestían los cargos de mayor y coronel, y se desempeñaban, respectivamente, como jefe y jefe 2° del Escuadrón de Caballería Blindada N°9 de Puerto Deseado, mientras que Fernández era el suboficial principal encargado de dicha repartición. Hasta allí había llegado Irastorza, luego de su ingreso al servicio militar obligatorio, el 20 de enero de 1976, en Campo de Mayo.
El caso de Irastorza no fue aislado: durante la dictadura desaparecieron 129 jóvenes mientras cumplían con el Servicio Militar Obligatorio.
Los hechos
El entonces mayor Vargas, en su calidad de jefe del Escuadrón, ordenó que Irastorza –quien esta estudiante de Veterinaria- se dirigiera en una comisión de servicio, desde el 10 al 14 de febrero de 1977, para entregar una documentación en el Comando de la Novena Brigada de Infantería, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Para ello, el 10 de febrero hizo acompañar al conscripto por el cabo enfermero Luis Alberto Montenegro, para abordar –a las 8.30- un vehículo de la empresa Transportes Patagónicos.
El suboficial principal encargado del Escuadrón, Lorenzo Fernández, redactó un informe en el que daba cuenta que Irastorza se ausentó, sin causa justificada, entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1977, luego de regresar de una comisión de servicio.
En virtud de ello, el coronel Norberto Miguel Giordano –quien se desempeñaba como 2° jefe del Escuadrón- ordenó que se instruyeran actuaciones contra el conscripto por el delito militar grave de deserción simple. Sin embargo, nunca se investigó si efectivamente Irastorza llegó a Comodoro Rivadavia, ni tampoco se le tomó declaración al cabo enfermero Montenegro, quien lo acompañó a tomar el micro.
Lo último que se supo de Irastorza fue que estuvo recluido en el centro clandestino de detención “La Cacha”, ubicado en La Plata, provincia de Buenos Aires, entre marzo y principios de septiembre de 1977. Héctor Omar Irastorza, padre del conscripto, denunció que su hijo fue tomado por las fuerzas del Ejército o de seguridad, a raíz de lo cual interpuso una acción de habeas corpus.
Vargas fue acusado por la privación ilegal de la libertad de Irastorza, y Giordano y Fernández por haber encubierto ese crimen y por falsear el legajo de deserción.
Imputaciones
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Colla consideró que “el envío en comisión constituyó un embuste para privar a Irastorza de su libertad, que Vargas a sabiendas ordenó, siendo Giordano quien en definitiva dispuso y de algún modo direccionó la instrucción de las actuaciones por deserción a través de la realización de un informe que señala que Héctor Irastorza faltó sin causa, en el período antes señalado, en ocasión de una comisión de servicio". El fiscal añadió que en las actuaciones "participó el suboficial principal Lorenzo Fernández, sabiendo ambos que en realidad estaban encubriendo la privación ilegítima de la libertad" de la víctima.
Colla puso de relieve que las actuaciones administrativas por deserción simple se labraran a pocos días de la desaparición de Irastorza y apuntó que se trató de "una modalidad utilizada en la ‘lucha contra la subversión’ para maquillar la sustracción de personas que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio y que fue llevada adelante en el marco del plan criminal implementado por el gobierno de facto de aquel entonces”.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que Vargas debía ser enjuiciado como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, y por haber durado más de un mes y agravada por ser la víctima un perseguido político.
En relación a los restantes imputados, Colla señaló que “bajo la apariencia de deserción, Norberto Miguel Giordano y Lorenzo Fernández lograron el cometido de encubrir la responsabilidad penal de Vargas, respecto de la desaparición de Irastorza, mientras se encontraba prestando servicio militar, favoreciendo su impunidad”. Por ello consideró que ambos deben responder como coautores del delito de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica, pues ambos “conocían del secuestro y privación ilegal de la libertad personal de Irastorza y no obstante, direccionaron su accionar a la confección del falaz legajo de deserción, con la intención de ocultar los hechos, agravado dicho accionar por no haber denunciado los mismos lo que realmente había acontecido con Irastorza, estando obligados legalmente a hacerlo”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que efectuaba una elevación a juicio parcial, dado que hay otras personas implicadas en el hecho, tal como el cabo enfermero Montenegro –quien a la fecha no pudo ser ubicado- por lo que requería la extracción de testimonios para profundizar la pesquisa en relación a su participación en la desaparición del conscripto Irastorza.
Durante la última dictadura fueron desaparecidos 129 jóvenes mientras realizaban el servicio militar obligatorio, según consignó en su libro El Escuadrón Perdido (Ed. Planeta, 1998) el fallecido capitán del Ejército José Luis D'Andrea Mohr.
