En los últimos meses, la reputación del presidente Michel Temer se ha hundido bajo asedio de la gran recesión, los múltiples escándalos de corrupción que azotan a su gabinete, y la economía devastada del gigante país sudamericano.
En la última gran encuesta de opinión, publicada la semana pasada, la popularidad del presidente apenas llegaba al 5 % de aprobación, y eso fue antes de que el Tribunal Supremo ordenara investigar a ocho de sus ministros.
En un intento de salvar el Gobierno de esta grave situación política y sacar al país de la peor recesión que ha visto en décadas, Temer ha estado buscando desde hace varios meses aprobar dos polémicos proyectos económicos, la reforma laboral y la de las pensiones.
No obstante, ambos proyectos han provocado masivas protestas y la ira del pueblo brasileño. Los críticos de la reforma del sistema de pensiones, por ejemplo, opinan que esta iniciativa reduciría la seguridad en el trabajo y obligaría a mucha gente a trabajar más años para calificar para la pensión, y reduciría las prestaciones de jubilación de muchos.
Ante este gran rechazo popular a sus reformas económicas, el Ejecutivo decidió la semana pasada pagar a aquellos medios de comunicación que hablen de los proyectos de Temer de forma positiva. El llamamiento del Gobierno añade que se valorarán especialmente los medios locales del Nordeste, la zona más pobre, que será la más atizada por los recortes, según ha dado a conocer este jueves el diario El País.
El anuncio permite también, que quienes nominen a estos medios favorecidos sean los diputados y los senadores, muchos de los cuales son dueños de canales de televisión y radio. Es decir, el Gobierno está comprando a la prensa y, en cierto modo, sobornando al Poder Legislativo de la misma forma.
La estrategia, no obstante, ha preocupado a muchos de los (cada vez menos) colectivos que velan por la libertad de prensa brasileña.
El Ejecutivo de Temer aprovechó la misma estrategia el pasado otoño para recolectar apoyo popular por una reforma educativa. Los informes de los medios locales revelaron que el Gobierno había pagado a seis youtubers para que publicaran en sus canales vídeos hablando bien del plan para los estudiantes de secundaria. En total, la compra de propaganda favorable en estos seis canales costó 295.000 reales (95.000 dólares).
