Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.
Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.
Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría, sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar. El abogado prefiere omitir su identidad ante el temor a perder su trabajo por ser un funcionario federal.
Adán Cruz Gallegos, un indígena de Oaxaca, lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o inocente de dos delitos de secuestro.
Un certificado médico en el expediente del caso señala que fue golpeado durante los primeros días que estuvo detenido.
En enero de este año la defensa de Adán presentó varios documentos para probar su inocencia. Una es la declaración del gerente de un hotel en Champotón, Campeche, quien aseguró que el día que Amira Sánchez fue secuestrada, Adán de la Cruz estaba alojado ahí, lejos de donde ocurrió el crimen. La carta es parte del expediente penal 98-2010 del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.
Pero también existe una carta de la empresa para la cuál laboraba de la Cruz, según la cuál, el 13 de octubre de 2009 el hombre estaba trabajando en Seybaplaya, Campeche, una ciudad ubicada a 768 kilómetros de distancia de Juchitán, donde ocurrió el secuestro.
Algo similar pasa con el secuestro de Julio Rasgado. El expediente judicial de Cruz –entonces empleado de la empresa Nabor Drilling Perforaciones– contiene documentos oficiales del Servicio Marítimo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los cuales se acredita que el 21 de julio de 2009, Adán de la Cruz Gallegos abordó la plataforma (petrolera) Alkal Delta (Akal G-R), en la ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo 28 días.
Esto, dice su abogado, demuestra que el acusado no estaba en Juchitán el día que secuestraron a Rasgado.
El juez que lleva el caso, Anastacio Ochoa Pacheco, asegura que la Ley penal impide que una persona acusada de secuestro y delincuencia organizada –como es el caso de Adán– enfrente su proceso fuera de prisión. El juez explica que la Constitución mexicana establece un plazo máximo de un año en prisión preventiva, salvo cuando el imputado requiera mayor tiempo para defenderse.
“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es díficil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, dice el juez para justificar, en parte, la larga estadía de Adán en la prisión.
El juez Ochoa dice que, hasta que no se evacúen todas las pruebas ofrecidas, de una y otra parte, y se realicen las pruebas periciales pendientes, no podrá dictar una sentencia.
La esposa de Adán, Rosa Ramírez Tolentino, recuerda que cuando detuvieron a su marido estaban saliendo del templo después de bautizar a su hija. “Íbamos a hacer fiesta, los invitados estaban esperándonos, pero ya no llegamos, porque a él se lo llevaron”, dijo.
Siete años tiene Rosa en un ir y venir para conseguir las pruebas necesarias que probarían que su esposo no participó en los secuestros por los que se le acusan. Actualmente el caso está en un Tribunal de Apelación.
Según cuenta, los abogados privados que contrató le pidieron dinero y no hicieron nada por su marido. Y tuvo tres defensores públicos que tampoco pudieron avanzar.
Si es culpable o no, eso solo lo puede decidir el juez. Pero lo cierto es que, al igual que Adán de la Cruz, en México hay unos 8,000 indígenas –la mayoría no habla español– encarcelados, a la espera de una sentencia. Y podrían pasar años antes de que su situación se resuelva, porque en muchos casos, la carga de trabajo es grande en la Defensoría Pública, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden.
El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos, y cubre la defensa penal en 34 lenguas. Pero en México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes.
En México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español.
Es decir, por cada 600,000 habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal de oficio.
Problema Conocido
La Defensoría Pública Federal solo atiende casos que implican delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado. Por los dos últimos está preso Adán de la Cruz.
Cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven delitos del fuero común. En este caso, también hay un déficit de personal para atender a todas las personas que están en las cárceles, según lo reconocen políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No existe certeza de cuántos abogados públicos que hablen una lengua indígena trabajan en los 32 estados de la república, pues la mayoría de gente se apoya en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) así como organizaciones no gubernamentales.
Lo que se sabe es que la CDI busca contar con 500 abogados bilingües para ayudar a todas las entidades del país, pues actualmente tiene 198 abogados inscritos en el Padrón Nacional de Abogados Indígenas.
En México, por cada 600,000 habitantes indígenas hay solo un defensor público federal.
También existe el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), que cuenta con 600 intérpretes y traductores, pero la mayoría no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión.
Se han dado casos dramáticos como los que narra Mario Torres López, el director de la Defensoría Pública Federal: hombres encarcelados por delitos ambientales, porque mataron iguanas en un intento de llevar comida a su casa. O indígenas detenidos por recolectar peyote (planta psicodélica) para consumo personal. O ancianas presas, a quienes engañaron para entregar paquetes con droga.
En 2016, la defensoría federal atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase más de dos años en prisión sin sentencia. Hay defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año, explicó Torres López.
El funcionario defiende la cantidad de casos que atendió la institución que dirige y asegura que la carga de trabajo es “razonable”.
“Los defensores que tenemos, poco más de 800, son suficientes para hacerle frente adecuadamente a todos los servicios de defensa en materia federal”, dijo.
Un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que en noviembre de 2015 había 8,412 indígenas en los centros penitenciarios del país. De ellos 7,728 pertenecían al fuero común y 684 a la jurisdicción federal.
Pero la carencia de abogados que hablen lenguas indígenas es el verdadero problema para una población que de por sí es vulnerable.
“Debido a su condición monolingüe (…) no comprenden a cabalidad las circunstancias legales que enfrentan, aunado al hecho de que muchas veces carecen de asesoría jurídica inmediata”, señala la Comisión en suinforme de 2016.
Todos los años, la comisión de derechos humanos logra la liberación anticipada de personas que no deberían estar en la cárcel. El año pasado, consiguieron sacar a 60 indígenas, la mayoría de Veracruz y Chiapas.
En agosto de 2000, una reforma a la Constitución Política hizo obligatorio que en todos los juicios y procedimientos penales contra los indígenas se deberían toma en cuenta sus costumbres y particularidades culturales, especialmente su idioma. Sin embargo, 16 años después, la Defensoría Pública federal solo tiene 25 abogados para atenderlos.
En 2015, ante este rezago, el Senado mexicano pidió a los gobiernos estatales “hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas”. Antes, en 2013, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa presentó una iniciativa de ley para exigir la acreditación profesional de los defensores públicos especializados en pueblos indígenas y garantizar su servicio en todas las etapas del proceso penal. Pero a la fecha, nada de eso se ha concretado.
La condena de Adela García
Ante las carencias para atender a los indígenas en reclusión, legisladores como Germán Ernesto Ralis Cumplido, del partido Movimiento Ciudadano, propusieron modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que cualquier documento que deban firmar los acusados esté escrito en su lengua.
Esto evitaría desgracias como la que vive Adela García Carrizosa, originaria de San Lucas Zoquiapan, Oaxaca.
La detuvieron en mayo de 2009 y la acusaron de matar a su cuñado Artemio Rosas García, quien intentó abusar sexualmente de ella.
Fue solo el 3 de octubre de 2012, con ayuda de un intérprete, cuando supo de qué se le acusaba, asegura Gerardo Martínez, abogado del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).
Ese día le leyeron su declaración inicial, donde supuestamente aceptaba haber ayudado a su esposo Germán Rosas García a matar a machetazos a Artemio Rosas García y enterrarlo en la letrina que tenían en la parte baja de su casa.
“Ella no sabía leer ni escribir. Puso su huella en hojas en blanco y solo dos años después supo porqué está en prisión”, dice Martínez.
El defensor asegura que García fue llevada ante la fiscalía de Huautla de Jiménez sin un traductor: “no entendió lo que le decían y tampoco supo lo que firmó por ser monolingüe” .
Según la versión de Adela y su abogado, Germán Rosas llegó a la casa cuando su hermano Artemio intentaba abusar sexualmente de Adela, por lo que la defendió y los hermanos se golpearon; ella huyó a casa de una vecina con sus dos niñas.
La mujer fue sentenciada a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado y permanece en la cárcel de mujeres de Tanivet, Tlacolula, al oriente de la capital oaxaqueña. Por la distancia, no ha podido ver a sus hijas de siete y 10 años de edad.
La propuesta del legislador Ralis Cumplido no se ha discutido en la Cámara de Diputados, al igual que otra del legislador Victoriano Wences Real, del PRD, quien propuso modificar la Constitución para exigir que las defensorías públicas brinden un servicio en la lengua de los acusados.
El caso Oaxaca
En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión está en cárceles de Oaxaca, Chiapas y Puebla.
Solo en Oaxaca, el 66% de la población es indígena. El CEPIADET calcula que la defensoría pública del estado requiere un presupuesto mínimo de 42 millones de pesos (2.2 millones de dólares) al año para contratar intérpretes y traductores para toda la población encarcelada .
Esto significaría el 3% del presupuesto total que actualmente tiene la Fiscalía del estado.
Tomás López Sarabia, Director de CEPIADET, dice que este recurso es lo mínimo que se debe pedir al gobierno de Oaxaca, que en la pasada administración gastó 250 millones de pesos (13.3 millones de dólares) en publicidad oficial.
El titular de los defensores públicos federales, Mario Torres López, considera que la desigualdad va más allá del número de abogados que hablan una lengua indígena, y trae otro problema a la mesa: las diferencias salariales en todas las defensorías del país.
Mientras los abogados federales tienen salarios competitivos (unos 2,000 dólares mensuales), la mayoría de abogados estatales no ganan más de 10,000 pesos (500 dólares). Es un tema pendiente en la reforma de Justifica Penal que México aprobó en 2008, y que rige desde el año pasado.
“No hay uniformidad. De hecho, lo único que introdujo la Constitución fue que el defensor público, ya sea federal o de las entidades federativas, no gane menos de lo que ganan los fiscales del Ministerio Público”, explicó Torres.
Doroteo Aurelio Vásquez Vásquez, coordinador de la defensoría pública en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca explica que en promedio lleva 15 audiencias al mes y hay días que atiende tres sesiones de distintos casos, además de otras diligencias.
Vázquez explica que en ocasiones saca de su propio dinero para acudir a las audiencias de sus defendidos. Entre las carencias que observa está la falta de asistentes técnicos.
“Es una necesidad para todo el estado. Es importante que la institución cuente con peritos propios, para que éstos puedan ejercer esta función donde se requiera y donde la defensoría pública lleve su investigación”, dice.
Por falta de estos peritos es que los familiares de Adán Cruz y Adela García han tenido que ingeniárselas para recolectar sus propias pruebas, en un intento por demostrar que ellos son inocentes.
Pero siguen esperando. Ni los abogados de oficio ni las pruebas que presentaron han permitido que las cosas cambien.
