Al igual que en Jujuy, la privación de la libertad se da a partir de una denuncia de 2015 y luego otras que aparecieron a fines de 2016, pero sobre las cuales la fiscalía nunca requirió medidas probatorias.
Los abogados Alfredo Guevara y Horacio Baez denunciaron que “estas detenciones obedecen, en un año electoral, a la estrategia de un gobierno que persigue a las organizaciones populares, inventa causas para generar impacto mediático y profundizar la estigmatización de organizaciones sociales como la Tupac Amaru”.
Los cargos contra Nélida Rojas, su familia y otros integrantes de la organización que fueron imputados son los de extorsión, estafa en concurso ideal y asociación ilícita. Los abogados aseguraron que la calificación de los delitos excede lo denunciado y que no es más que la forma que encontraron desde el Poder Judicial para justificar la detención de los integrantes de la Tupac.
En 2015, Nélida Rojas y su hija se dirigieron a una vivienda para entregársela a uno de los adjudicatarios. Al llegar se encontraron con que la casa estaba usurpada por Milena Gómez, a quien denunciaron ante la justicia. A su vez, esa mujer denunció que la titular de la Tupac Amaru en Mendoza la había sacado del lugar. El único que ratificó ante la justicia la versión de Gómez fue su marido mientras que otros testigos citados a declarar señalaron que fue ese hombre el que los amenazó ese día con un palo. Desde entonces, la fiscalía no produjo más movimientos en el expediente.
A fines de 2016, casi al mismo tiempo que se conoció la acusación realizada contra la Tupac Amaru en Mendoza efectuada por la diputada Margarita Stolbizer junto a Jorge Lanata, recayeron contra Nélida Rojas y la organización cerca de cien denuncias. Tras una ordenanza del Concejo Deliberante de Lavalle según la cual para ser adjudicatario de una vivienda se debía residir en el municipio, un grupo de socios de distintas cooperativas que quedaron fuera de la asignación de las casas denunció que les prometieron una vivienda en el barrio, que en el ínterin les habrían cobrado una cuota y que los obligaban a ir a las marchas. A partir de esos hechos, la fiscalía calificó las causas como extorsión y estafa en concurso ideal. La causa por asociación ilícita fue iniciada este año.
Nélida Rojas se enteró esta mañana, a través de un programa de radio, que habría una orden de detención en su contra. Fue entonces cuando, junto con su abogado, se presentó espontáneamente ante la justicia.
“La fiscal Gabriela Chaves ordenó la detención de los dirigentes a partir de denuncias sin sustento probatorio y que fueron las mismas que utilizaron Margarita Stolbizer y Jorge Lanata el año pasado para demonizar a la organización en la provincia de Mendoza”, señaló Guevara. Y recordó que las denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos fueron descartadas por la auditoría realizada por el Instituto Provincial de Vivienda que, a su vez, nunca cuestionó los listados de adjudicatarios entregados por la organización.
Los abogados de los integrantes de la Tupac Amaru indicaron que durante la indagatoria “la fiscal nos dijo que ella no estaba sola, que la Procuración de Mendoza le había asignado personal para que avanzara en las causas vinculadas con la organización barrial. Este dato sumado a que Cornejo impuso un Fiscal General afín al partido de gobierno, que tanto Nélida Rojas como su familia y todos los acusados estuvieron siempre a derecho, que no surgieron desde el momento de las denuncias hechos nuevos y que la fiscalía no solicitó medidas probatorias, entendemos que se tomó, en un año electoral, una decisión política de avanzar sobre este caso y llevar a proceso a los integrantes de la Tupac Amaru”.
Por último, Guevara y Baez recordaron que Mendoza es una e las provincias también cuestionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relataron que hace 20 días presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza tras la intimidación de un grupo de policías que sin identificación y sin orden judicial fueron a la vivienda de Nélida Rojas a informarle que tenía que presentarse en una comisaría cercana y preguntaron por otros dirigentes de la organización.
La defensa solicitó la prisión domiciliara de Leonela y Carla dado que ambas tienen niños pequeños que se encuentran en período de lactancia.
