Tras una audiencia de diez horas, el magistrado peruano Ricardo Manrique, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado la petición de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, que le imputa a Moreno los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
El juez determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que incriminan a Moreno en delitos cuyas penas superan los 4 años de prisión, además de un riesgo de fuga, informó la agencia EFE.
Según sustentó el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo de las investigaciones del caso Odebrecht en Perú, la compañía brasileña pagó un soborno de cuatro millones de dólares a cambio de adjudicarse la Costa Verde del Callao, una autovía que discurre por la línea costera de esa ciudad portuaria aledaña a Lima.
El 60 % del pago ilícito fue para Moreno, mientras que el 40 % restante se lo quedó el empresario israelí Gil Shavit, quien se acogió a la colaboración eficaz para facilitar las investigaciones tras ser detenido el pasado domingo en el aeropuerto limeño Jorge Chávez, situado en el Callao.
El fiscal presentó como prueba un documento de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargada de ejecutar los sobornos de la compañía, en el que se acredita dos pagos por la Costa Verde del Callao.
Castro sostuvo que Moreno gastó ese dinero en pagar al publicista brasileño Luis Favre para que lo asesorara ese mismo año en su campaña electoral en la que fue reelegido gobernador regional, lo que, en su opinión, supone un presunto de lavado de activos.
Durante su alegato de defensa, Moreno reiteró que no ha recibido "ni un sol ni un dólar" de Odebrecht y destacó su disposición a colaborar con las investigaciones para intentar convencer al juez de que no decretara su ingreso en prisión.
En Perú, las investigaciones del caso Odebrecht se centran en descubrir el rastro de los 29 millones de dólares que la empresa brasileña reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
Ese período contempla los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), con una orden de captura por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht; Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
