El tribunal consideró por mayoría que dicho beneficio es inaplicable a causa de que la ley que lo contemplaba rigió de 1994 hasta 2001, cuando fue derogada, y agregó que ádemás, aunque estuviera en vigor sería inaplicable a condenados por crímenes de lesa humanidad porque los delitos aberrantes "no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción para evitar su impunidad".
Le concedió así razón al fiscal Mauricio Romero que le pidió que rechazara la excarcelación de Echeverría.