El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata rechazó en los últimos días diez presentaciones formuladas por condenados por crímenes de lesa humanidad que pidieron que se aplique al cómputo de sus penas el beneficio del artículo 7 de la derogada ley 24.390, que consiste en contar doble los días en prisión preventiva después de los dos primeros años de detención, solicitud en línea con el precedente de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia en el reciente fallo "Muiña". A través de esos requerimientos, las defensas técnicas de los represores solicitaron la excarcelación o el beneficio de la libertad condicional, en los casos de penas firmes.
Los rechazos del tribunal fueron dictados con dictámenes previos en el mismo sentido de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado, que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira. El tribunal tiene a disposición cerca de un centenar de personas detenidas por crímenes de lesa humanidad y en los próximos días deberá pronunciarse frente a otros pedidos similares.
Las presentaciones rechazadas son las del ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz; el sacerdote Christian Von Wernich; el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata, Isabelino Vega; el guardiacárcel de esa unidad, Raúl Rebaynera; dos médicos penitenciarios que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi; los civiles de la inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza -condenados en la causa por crímenes en "La Cacha"-; y el civil apropiador de una niña, Omar Alonso.
Las resoluciones sobre Etchecolatz, Rebaynera y Vega fueron dictadas por el juez Germán Castelli y las que tratan los casos de Von Wernich, Jurío y Corsi por su colega Pablo Vega. Esas decisiones fueron unipersonales, dado que las causas atraviesan la fase de ejecución penal por encontrarse firmes las sentencias condenatorias.
El resto de los pedidos fueron resueltos por los tres jueces del tribunal. Una particularidad de éstas últimas es que se resolvieron por la mayoría integrada por Vega y Castelli. El juez Alejandro Esmoris se pronunció en minoría a favor de aplicar el 2x1, por considerar que se trató de una ley penal más benigna. Los tres magistrados fueron coherentes con su postura anterior al fallo "Muiña" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, Castelli y Vega tienen la posición de que la denominada ley del 2x1 no es aplicable a personas que no hayan estado detenidas durante la vigencia de siete años de esa norma, entre 1994 y 2001. En efecto, ambos se remitieron al primer precedente que firmaron acerca de esta cuestión cuando tuvieron que abordar el caso del chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, a quien -también por mayoría- le negaron el cómputo privilegiado el 13 de marzo pasado. Y sostuvieron, además, que los tribunales pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
De hecho, ambos analizaron la situación en base al precedente "Muiña" y lo descartaron. Vega, incluso, sostuvo que el voto mayoritario dictado por los jueces del máximo tribunal en aquél caso "parece soslayar o relativizar la entidad que asume la clase de delitos en juzgamiento, incluso para la propia jurisprudencia del máximo tribunal que integran. En efecto, respecto de esta categoría ha señalado la Corte Suprema que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica tampoco a ellos el instituto de la prescripción, a todo lo cual corresponde agregar que el cimero tribunal ratificó que la persecución de los delitos de lesa humanidad forma parte de legislación internacional".
Esmoris, en tanto, suscribió en las últimas decisiones la misma postura minoritaria en "Guallama". Esa misma posición había adoptado como juez de ejecución el 16 de febrero y el 18 de abril pasado para beneficiar con el cómputo privilegiado al ex jefe de Seguridad de la Unidad 9, Víctor Ríos, y al ex guardiacárcel Catalino Morel, condenados en 2010 a prisión perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente. Las dos decisiones fueron recurridas por la Unidad Fiscal platense ante la Cámara Federal de Casación Penal.
