La primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el obsequio del 2x1 de la Corte a genocidas llegó en Bahía Blanca, donde el Tribunal Oral Federal local decidió condenar a prisión perpetua al comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Gustavo Abel Boccalari y solicitar a María Eugenia Vidal su baja de la fuerza y al ministro Germán Garavano que estatuya como Sitio de Memoria el predio policial donde el condenado cometió los delitos de lesa humanidad que lo llevaron a juicio (el fallo completo puede leerse en este enlace).
Se trató de un debate oral atípico para estas megacausas, ya que encontró en el banquillo a un único acusado y se abordó el caso de una sola víctima del accionar del terrorismo estatal. La irregularidad orienta una respuesta a la Corte, que decidió hacer correr el tiempo perdido en favor de los imputados, cuando en realidad las dilaciones se debieron a la impunidad que ellos mismos planificaron y que cristalizaron desapareciendo los cuerpos de sus víctimas, presionando a los gobiernos democráticos para obtener legislaciones benignas y obstruyendo con chicanas burocráticas una vez que los juicios se volvieron una realidad.
El Tribunal a cargo del proceso oral concluido este viernes estuvo compuesto por jueces ajenos a su conformación ordinaria y también a la habitual terna subrogante en causas de lesa humanidad. Formaron parte de él los jueces pampeanos Luis Salas, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, quienes por unanimidad consideraron al conjunto de delitos tratados como de lesa humanidad y por mayoría los entendieron parte de un genocidio. A su vez, resolvieron también denegar la revocación de la prisión domiciliaria que habían solicitado los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y rechazaron los planteos de cosa juzgada y extinción de la acción penal elevados por el defensor Walter Tejada, cuyo padre y homónimo se encamina a una segunda condena a perpetuidad también en Bahía Blanca. El próximo 19 de mayo se conocerán los fundamentos del fallo contra Boccalari.
Julio Mussi, presente
Cuando el TOF comenzó a leer la sentencia, la expectativa se adueñó del Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se celebró la audiencia. Al pronunciarse la decisión de condena a prisión perpetua, los aplausos poblaron la sala. De inmediato, las fotos de Julio Argentino Mussi se alzaron en manos compañeras.
El hoy condenado Boccalari estaba imputado como autor de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima Mussi, a quien se vio por última vez en sus manos en la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, en 1977.
Mussi había sido secuestrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 22 de marzo de ese año, día en que también fueron privadas de la libertad otras diecisiete personas. Bajo la acusación de proveer de vehículos a la “subversión”, todos quedaron a disposición del V Cuerpo de Ejército, con cabecera en Bahía Blanca y jurisdicción militar sobre todo el sur argentino.
El traslado de Mussi a Bahía Blanca se produjo horas después, a bordo de un avión militar y en custodia del subcomisario Luis Cadierno y el entonces oficial subinspector Boccalari, que para comienzos de ese año revistaban en la Delegación Cuatrerismo de la policía provincial y respondían, en el organigrama represivo, al general Abel Catuzzi. Catuzzi, que llegaría a comandante del V Cuerpo dos años más tarde, era en 1977 el jefe de la subzona 51 del trazado de la represión clandestina.
Durante el viaje, que se extendió por cuatro horas, Cadierno y Boccalari amenazaban a los secuestrados con tirarlos al mar desde la aeronave. Una vez llegados a Bahía Blanca, Mussi y sus compañeros de cautiverio fueron conducidos a un vagón de ferrocarril, en apariencia abandonado en la intemperie de la playa de maniobras del Ferrocarril Roca.
En ese viejo vagón, que los torturadores llamaban “el avión de madera”, Mussi permaneció por espacio de seis a ocho días. Durante ese periodo, no se le acercó comida ni bebida alguna. Al quinto día comenzaron las torturas con picana eléctrica, en una dependencia cercana al vagón. Los represores la llamaban “sala de sesiones”. Con Mussi demostraron especial ensañamiento, ya que en una ocasión pudo aprovechar el deslizamiento de la venda que cubría sus ojos para enfrentarlos. Trabajosamente, los torturadores consiguieron reducir su humanidad de 1, 85 metro y cien kilos y luego se desquitaron, aplicándole golpes de culata en grupo.
Desde aquel vagón, Mussi fue conducido a la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía. Allí acababa de ser trasladado Boccalari, que junto a Cadierno siguió a cargo de las torturas al secuestrado. Cuarenta años después, uno descargó sobre el otro todas las culpas. Cadierno “no aceptaba opiniones” y “quizás fui un cobarde por no decir ‘esto no va conmigo’, pero estaba con las manos atadas”, trató de exculparse Boccalari al hablar ante el Tribunal en febrero de este año.
Mussi pasó sus últimos días en la Brigada en agonía, pidiendo por su mujer y sus hijas. No volvió a saberse de él, ni de su cuerpo. Los restantes detenidos en Comodoro Rivadavia pasaron a “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” al cabo de un trimestre, y fueron confinados en la cárcel bahiense. Recuperaron la libertad recién en los últimos días de diciembre de 1977.
Boccalari, en tanto, continuó su carrera en la Policía provincial hasta mediados de los ’90. Aunque no se le conoció participación política partidaria, gustaba jactarse ante los vecinos de los distritos por donde pasó de las gestiones que hacía ante autoridades provinciales, que sin embargo no le permitieron llegar al máximo cargo del escalafón. Su paso por la fuerza registra sumarios por apremios ilegales a detenidos comunes, que no prosperaron ni le impidieron obtener calificaciones sobresalientes, y una denuncia por acoso sexual a uno de sus subordinados, radicada por la esposa de éste. Sorpresivamente, la mujer retrocedió luego sobre sus pasos y retiró la acusación, pero el férreo machismo de la institución parece haber impedido a Boccalari el que hubiera sido su último ascenso. Ilustra una época: la Bonaerense de entonces admitía (y premiaba) a torturadores, pero no toleraba sospechas en las preferencias sexuales de sus miembros. El expediente de su retiro, efectivo en febrero de 1996, lleva la firma de Pedro Klodczyk.
Sobre Mussi, en aquel 1977 el Estado mintió primero una liberación y luego, por vía del Ministerio del Interior y del Ejército, negó contar con antecedentes de ninguna índole. Para el discurso oficial, como definió el dictador Jorge Videla, no tenía entidad, no estaba ni vivo ni muerto, sino desaparecido. Mercedes Fuentes de Mussi, su madre, murió mirando la ventana, esperando la tarde de su regreso, en el lejano y muchas veces olvidado sur argentino.
