La ley, cuyo autor fue el senador y ex intendente kirchnerista de Lanús Darío Díaz Pérez, establece que se incorporará “de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, el término ‘Dictadura Cívico-Militar’ y el número de 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Al presentar su proyecto, ahora convertido en ley, Díaz Pérez dijo que "No podemos permitir que aun hoy, en actos públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia se pronuncien subestimando las atrocidades llevadas a cabo esos años, o minimizando su impacto, en lo que constituye un verdadero ‘negacionismo’”.
Añadió en aquella oportunidad que “los discursos negacionistas hacen renacer el dolor de las víctimas y familiares, renovando las humillaciones de los sobrevivientes. El cuestionamiento del número de víctimas y el uso de eufemismos para referirse a procesos históricos son los argumentos prototípicos”.
La ley fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados el pasado 23 de marzo, pero recién se registró y promulgó hace una semana, el viernes 12 de mayo.
Lleva la firma de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Daniel Marcelo Salvador y Manuel Mosca, respectivamente; de los secretarios legislativos de ambas cámaras, Mariano Mugnolo y Cristina Tabolaro, y de la Secretaria Legal y Técnico del gobierno provincial, María Fernanda Inza.
