En la audiencia, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, había pedido que se incluyera un respaldo a la estadidad en la resolución, lo que no ocurrió.
La medida -aprobada por consenso con el coauspicio de Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Rusia-, denuncia la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, celebra la liberación de López Rivera y hace un nuevo llamamiento para que la Asamblea General retome el caso político puertorriqueño.
La situación colonial de Puerto Rico “no es un asunto interno de Estados Unidos”, dijo la embajadora cubana, Ana Silva Rodríguez, al señalar que se trata de un asunto “que incumbe al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas”.
La resolución reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, “de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico”.
A su vez, reitera que “el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional”.
Y “exhorta nuevamente al gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia”.
También observó con “preocupación” que por medio de la ley PROMESA “se haya reducido aún más el ya menguado ámbito en que se desenvuelve el régimen de subordinación política y económica que ha prevalecido en Puerto Rico.
La resolución sostiene que en la consulta del 11 de junio de 2017 “participó menos del 23% de los electores” y no estuvo “diseñada para promover la descolonización conforme la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General” de la ONU.
Estados Unidos no tuvo un observador en la sesión.
*Por José A. Delgado, NODAL
