Según el veredicto del juez Mario Carroza, quien se dedica de manera exclusiva a casos de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1989), los condenados son Adrián Vargas Soto, Heriberto Oroz Diaz, Gonzalo Fernández Navarro, David Manríquez Fuentes y Óscar Norambuena Retamal.
De acuerdo a lo que señala el fallo, el delito es un crimen de lesa humanidad porque “los tormentos sufridos por la víctima que terminaron con su vida no correspondieron a un acto meramente aislado, aleatorio o circunstancial, como lo sostiene la defensa de los acusados, sino que, por el contrario, dejan de manifiesto una conducta que, además de ser en extremo violenta, fue, al menos, tolerada por las fuerzas de seguridad del Estado”.
Y además argumenta que "el comportamiento punible se insertó en una ´política de actuación´ instaurada en la época por la prevalencia de la seguridad, al margen de toda consideración por la persona humana, el amedrentamiento a los civiles y, sobre todo la garantía de impunidad que el régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, de quienes amparados en el poder coactivo del Estado efectuaban actos ilícitos funcionales a la visión-misión que torcidamente el régimen de facto se sentía llamado a cumplir".
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 210.000.000 de pesos (unos 315 mil dólares), a los familiares de la víctima.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas según datos oficiales.
