"Resulta especialmente preocupante que en muchos casos las víctimas resultan personas en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres (15 casos) y niños menores de 18 años (133 casos), no obstante la prohibición legal y judicial de su alojamiento en comisarías en estos últimos casos", consigna el informe anual sobre Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos en la provincia.
En el informe, al que tuvo acceso Télam, se consigna que en el capítulo de "violencia policial" sobre un total de 327 casos, 307 son de brutalidad mediante golpes de puños, patadas, ducha fría, entre otros tormentos.
En el mismo sentido se hace referencia a un muestreo de 33 casos recopilados en el 2016, mediante el programa "Causas fraguadas/armadas", donde se analizan y describen "patrones sistémicos en la actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que conduce a la posibilidad de que haya inocentes presos".
Con relación a la violencia penitenciaria, se relevaron 331 casos durante el 2016, con distintas modalidades: golpes de puño y patadas (226 casos), asfixias o quemaduras (15 casos) y agravamiento por aislamiento (68 casos).
En el informe de la Defensoría se describe también "el grado de deterioro de las instalaciones penitenciarias y policiales" y se denunció la falta o inadecuada atención médica en 291 casos.
A partir del informe, la Defensorìa de Casación requirió a los poderes del Estado Provincial una serie de medidas, entre las que citó la creación de un mecanismo de prevención de torturas; la policía judicial y que la Salud penitenciaria sea prestada por el Ministerio de Salud provincial.
