Según el informe “Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, publicado por el diario estadounidense The New York Times, comunicadores y representantes de organizaciones fueron espiados con un software adquirido por el Gobierno mexicano llamado Pegasus.
“Este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group1, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, indica el reporte elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
En agosto de 2016, los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el mecanismo mediante el cual el software Pegasus infecta los teléfonos inteligentes. Por lo general el ataque se realiza al enviar un mensaje de SMS dirigido a la persona objeto del ataque, con un texto que resulte imposible de no abrir y forzando a hacer clic en un enlace adjunto.
Este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group1, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México : la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, indica el reporte elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
El software se apodera del teléfono celular del individuo y permite acceder a todos sus datos y funciones, por lo cual es una herramienta autorizada solo para perseguir criminales o terroristas.
Entre los blancos del programa, según el informe, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores (foto) y Carlos Loret de Mola y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
El Gobierno mexicano emitió un comunicado en el que rechaza haber realizado labor ilegal de espionaje. Los afectados dijeron que ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía, pero mostraron preocupación por la información que ha sido robada, la identidad de las fuentes que proporcionan datos y la seguridad de las personas vigiladas.
