Comunicado del Observatorio de Políticas Públicas Legislativas y Comunicacionales
El año pasado un acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la cadena de comidas rápidas McDonald's para la inserción de 5000 jóvenes en la empresa, generó la presentación de un amparo y una amplia polémica entre la opinión pública, dado que muchos argumentaban que se creaban empleos precarios, con salarios de $4.500 mensuales por jornadas de 30 horas semanales de trabajo, de los cuales $1000 los aportaba el Estado Nacional. Sin reconocimiento de ningún derecho laboral ya que el mismo constituía un "entrenamiento" para el trabajo. Frente a esto, con el asesoramiento del Observatorio (OPPLeC), el secretario de juventud de la CTA, Matías Zalduendo, las diputadas Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti y Silvia Horne iniciaron dicho reclamo judicial.
Tras el revés judicial el Gobierno Nacional pretende llevar el tema ante la Corte, por eso en el día de hoy los amparistas presentaron una recusación al Juez Rosenkrantz por ser el abogado de la multinacional Arcos Dorados S.A. (nombre societario de McDonald's) al momento de la firma del convenio. Esta presentación constituye la primer recusación en la actual conformación de la corte, y presenta además un escollo importante en los planes del gobierno en materia de la anunciada flexibilización laboral post-elecciones ya que una resolución desfavorable determinaría un limite a las aspiraciones del gobierno.
Respecto a esto, el Dr. Daniel Arenaza uno de los Abogados de la causa señaló “Para el caso de que la Corte decida tratar el tema, no podemos permitir que el Juez Rosenkrantz intervenga en la causa porque la imparcialidad es uno de los atributos necesarios que deben poseer los jueces, del cual Rosenkrantz carece en este caso, ya que antes de ser designado como juez de la Corte se desempeñaba como apoderado de McDonald´s. Dicho de otra manera, no se puede ser juez y parte en un mismo caso, de ser así se estarían violando los principios más básicos de la Constitución, como es la imparcialidad y el debido proceso”
El juez Carlos Rosenkratz fue fuertemente apoyado por el gobierno nacional, un reconocido abogado de empresas cuyo nombramiento en Corte se inició con polémica, debido a que el presidente Mauricio Macri decidió apartarse del mecanismo constitucional para nombrarlo por decreto, finalmente ante la imposibilidad de llegar a la corte por esa vía, su pliego fue aceptado por el senado. Meses después el fallo de otorgamiento del 2x1 a los genocidas que lo tuvo como principal mentor volvió a colocarlo en el centro del escenario. Con esta recusación el juez sigue generando discusión.
