"Fue una reunión muy cordial, pero se arribó a esa conclusión", confirmó la fuente, que dijo que el gobierno considera que la investigación que lleva adelante el juez Guido Otranto "se está encauzando".
"De todas formas, seguiremos trabajando con el Acnudh y todos los organismos internacionales, seguiremos manteniendo un dialogo fluído con ellos", dijo la fuente, que agregó que "el ministro Garavano ya le comunicó a la familia Maldonado esta decisión".
Incalcaterra, que reside en Chile donde tiene su sede el Acnudh, viajó a Buenos Aires para reunirse hoy con los representantes del Gobierno y avanzar en la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisara y colaborara con la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado.
La conformación de un grupo de de trabajo independiente había sido resuelta como respuesta al pedido de la familia Maldonado en la reunión que los abogados de esta mantuvieron con las autoridades el 29 de agosto pasado.
Luego de ese encuentro, el Gobierno comenzó gestiones ante el organismo de las Naciones Unidas encargado de las temáticas referidas a Derechos Humanos, que es el Acnudh.
Incalcaterra mantuvo así reuniones con el ministro Garavano y con el secretario Avruj, quienes recibieron de parte de la familia Maldonado el pedido de que el Estado "garantice una investigación independiente" con la cooperación y asistencia técnica del organismo regional de la ONU y la participación de expertos independientes.
El martes pasado un comunicado de la Acnudh firmado por Incalcaterra expresó su preocupación por la "falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo" y pidió a las autoridades "realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas".
"La Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos. En especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública", afirmó Incalcaterra en dicho comunicado, en obvia alusión a la Gendarmería.
El 7 de agosto pasado, el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado argentino tomar "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar" a Santiago Maldonado.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos del joven artesano y reclamó al Gobierno otorgar información sobre las acciones adoptadas a fin de "investigar los presuntos hechos ocurridos".
