De esta forma, el Tribunal, integrado por los jueces Fernando Canero, Julio Luis Panelo, José Martínez Sobrino y Guillermo Yacobucci (este último en calidad de sustituto), iniciará el debate oral del expediente, cuya elevación a juicio había sido requerida en 2013 por el juez federal Daniel Rafecas.
Según detalló el Centro de Información Judicial (CIJ), en esta causa se investigan los hechos ocurridos en las dependencias de la Comisaria 1ª de la localidad de Monte Grande -sita en Santamarina 474, Partido de Esteban Echeverría, y de la División Cuatrerismo, ubicada en el partido de La Matanza, más precisamente, en las inmediaciones de la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura.
Los hechos que se analizan ocurrieron entre noviembre de 1974 y hasta febrero de 1977 en Cuatrerismo, y desde julio de 1976 hasta octubre de 1978 en la Comisaría de Monte Grande.
Etchecolatz está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en 99 ocasiones, de las cuales 19 se encuentran agravadas por su duración, en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterado en 99 hechos, tres de ellos agravados por causar la muerte, en carácter de autor.
Entre los restantes acusados se encuentran los comisarios José Félix Madrid, Guillermo Horacio Ornstein; los suboficiales de la bonaerense Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino, a quienes Rafecas les imputó haber participado en un operativo ilegal que se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1975, en el cual se detuvieron a seis personas que fueron llevadas al centro clandestino Cuatrerismo, donde fueron torturadas.
En esa operación ilegal se produjeron los asesinatos de María Teresa Barvich y Charo Moreno, que estaban embarazadas y resultaron golpeadas antes de fallecer.
También fueron acusados Federico Antonio Minicucci, Nildo Jesús Delgado, Alberto Faustino Bulacio, y Daniel Francisco Mancuso por delitos de lesa humanidad de homicidio, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos.
Al procesar a estos acusados, Rafecas citó "las condiciones infrahumanas de existencia, constitutivas de tormentos a las que fueron sometidas las víctimas, como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturado físicamente.
Además, el juez se refirió a los abusos sexuales, o la amenaza de ellos; los interrogatorios y, en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino o golpes.
"Mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas, y en particular, el magistrado hizo hincapié "en el salvajismo de las torturas físicas que provocaron la muerte de tres víctimas".
