La empresa Industrias Plásticas Catamarca (IPC), ubicada en el parque industrial El Pantanillo, tiene prácticamente tomada la decisión de abandonar la provincia y despedir a los más de 30 empleados, con los que hoy tiene una deuda de casi dos meses.
El secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos, Walter González, reconoció que hubo contactos telefónicos con los propietarios de IPC en los que le aseguraron que “están buscando la plata para hacer ofertas de indemnización”, y dejó en claro que no hay ningún tipo de voluntad de avanzar en la reconversión de la fábrica.
Así, la empresa haría propuestas a los 32 empleados para avanzar en un retiro “voluntario”. “Esto es, en otras palabras, que se van de la provincia”, sentenció el sindicalista en declaraciones a El Ancasti.
IPC, que tiene más de 30 años en Catamarca, se instaló como fabricante de cassettes y luego evolucionó para empezar a producir discos compactos. Sin embargo, las dificultades para acceder a la materia prima y la poca competitividad con el mercado externo hicieron poco rentable el proceso: “Cuesta 0,10 centavos traer un CD importado”, graficó González.
Como alternativa, el gremio barajó la posibilidad de que la planta se convierta a la fabricación de bidones o jeringas, pero esto fue desestimado. “Hicimos muchos esfuerzos en este sentido, pero nunca hubo respuestas”, expresó.
Además, el predio está en receso desde el primero de julio, cuando iniciaron las suspensiones por tres meses con un acuerdo económico que hasta ahora la empresa no cumple. En este sentido, acumularon dos meses de deuda y González comentó que la semana pasada depositaron $1.000 “que no llegaron a las manos de los empleados porque se los consumió el banco para cubrir saldos”. “Fue una burla de la empresa”, lamentó González.
En enero de este año comenzaron las señales de IPC hacia sus empleados, cuando dejó de pagar la totalidad del sueldo. Esto implicó que desde febrero se redujeran los turnos y en consecuencia también los salarios. Incluso cortó su vínculo con una empresa de seguridad privada y para evitar despidos cedió la guarda del predio a un grupo de operarios. A mediados de junio se firmó el acuerdo que hoy incumplen: paralización de la fábrica, a cambio de cobrar una suma fija que promedió los $12.500 por empleado.
