En el aniversario número 43 de la bomba que detonó en el interior de su automóvil y que la Justicia determinó que había sido colocada por agentes de la DINA chilena, el embajador trasandino José Antonio Viera Gallo reafirmó "el valor de su ejemplo y su pensamiento para las FFAA dentro del estado de derecho".
El general Prats fue nombrado comandante en jefe del Ejército en 1970 por el entonces presidente Eduardo Frei Montalva, y por su trayectoria y apego a la Constitución nacional, el presidente Salvador Allende lo confirmó en su cargo al asumir el 3 de noviembre de 1970.
Escoltada por el coro del Regimiento de Patricios, Sofía, una de las hijas de Prats, tomó la palabra para recordar todos los viajes que hizo a la Argentina para conseguir que la Justicia investigara los crímenes, y señaló que la placa conmemorativa es "un acto reparatorio que ayuda a sobrellevar" la pérdida de sus padres.
Participaron de la ceremonia la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien llevó adelante la causa judicial, el subsecretario de Defensa de Chile Marcos Robledo Hoecker, el ex jefe del Ejército argentino Martín Balza, el subsecretario del Ministerio del Interior, Mahmud Aleuy, el ex diputado nacional por el Partido Justicialista Lorenzo Pepe y la referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Liliana Mazea, que colaboró con la familia en la investigación, entre otros.
Tras el golpe militar de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, el general Prats se transformó en una figura incómoda para la dictadura, al punto que debió refugiarse en la Argentina cuatro días después.
El atentado que terminó con su vida y con la de su mujer fue cometido por la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), la policía secreta del régimen, luego de que el gobierno de su país les negara los pasaportes chilenos, para impedirles que salieran de la Argentina.
La investigación a cargo de Servini terminó en el año 2000 con la condena a cadena perpetua por doble asesinato de Enrique Arancibia Clavel, pero éste, en agosto de 2007, recibió el beneficio de la libertad condicional. En tanto, en Chile, a 36 años de los crímenes, la Corte Suprema de Justicia dictó altas penas en la sentencia definitiva por el doble homicidio de Prats y de su esposa a nueve imputados, siete de ellos oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas, involucrados directamente en la voladura en la Argentina del automóvil en el que explotó la bomba.
