Más de 10 años después de que ese fenómeno irrumpiera en forma masiva, el jefe del Ejecutivo federal promulgó Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Ante representantes de grupos civiles y colectivos que participaron en la elaboración de la ley, Peña Nieto admitió que en esta materia también tengo una enorme frustración. Patentizó su solidaridad con los familiares de las víctimas ante el dolor que representa no encontrar a un familiar, y previó que con el esfuerzo de sociedad e instituciones se aprobó un nuevo marco legal que marcará un antes y un después en las desapariciones forzadas, una de las experiencias más dolorosas para un ser humano.
Para entonces, representantes de las organizaciones –que transmitieron vía redes sociales el encuentro privado en Los Pinos– ya habían externado su censura a la inacción del Estado ante un dolor que cambió sus vidas, pues la promulgación de la ley es sólo el reconocimiento de la magnitud de la crisis humanitaria, consideró Grace Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.
Es imperante que esta ley no repita los errores del pasado, coloque las necesidades de víctimas en el centro, deje fuera formalismos que la harían inoperante e ineficaz, al tiempo que demandó mantener contacto con organizaciones internacionales y preservar la coordinación con la sociedad para que no se circunscriba sólo a la elaboración de la ley, sino también a su instrumentación.
Peña Nieto reconoció el papel de la sociedad en el impulso y elaboración de este marco legal. que es apenas un primer paso, al que deberá seguir su aplicación y la creación de instituciones eficaces para hacerle frente.
Hay una hoja de ruta, claridad en acciones en instituciones que tienen que trabajar no sólo por reconocer como un hecho lamentable sino en la obligación y responsabilidad de asumir tareas, emprender acciones que permitan realmente identificar y encontrar a las personas.
Antes de firmar la promulgación de la ley, Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que en el plazo de 60 días realicen las acciones para instalar el Sistema Nacional de Búsqueda; construir la comisión nacional de búsqueda y el consejo nacional ciudadano; depurar y organizar el traslado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a la Secretaría de Gobernación; poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses; integrar el Sistema Único de Información para la Búsqueda, y conformar el registro de fosas comunes y clandestinas, entre otras acciones.
En nombre de los familiares de víctimas, Araceli Salcedo había recriminado: Ante la insensibilidad y falta de respuesta, las familias, poniendo en riesgo nuestras propias vidas, hemos asumido las tareas y obligaciones que correspondían al Estado.
Advirtió que los familiares se han integrado en colectivos, que se han convertido en una fuente de apoyo mutuo, una plataforma para impulsar la búsqueda e investigación, así como cambios estructurales para que estos hechos no se repitan. Nos organizamos para exigir justicia y convertirnos en sujetos activos legitimados no sólo por el dolor sino por el esfuerzo y la capacidad propositiva.
Con firmeza, deploraron los errores cometidos al enfrentar este fenómeno que abarca, oficialmente, a 33 mil personas desaparecidas, aunque muchas más no han sido denunciadas por temor, desde los tiempos de la “mal llamada guerra sucia. La impunidad de ayer explica la situación de hoy, la cual se ha agravado al combinarse con una corrupción generalizada, propicias para una ruptura casi irreversible de confianza entre la sociedad y sus instituciones”, agregó Salcedo.
Para entonces, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya había asumido que la representación de las víctimas eran familiares que no han tenido una noche de descanso y han vivido la angustia de no saber de ellos, pero que ahora confían en que a partir de la ley y creación de instituciones que permita dar una respuesta de estado a un problema de estado. Una ley elaborada con organizaciones civiles, como la Cruz Roja, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y el Congreso, cuyo propósito es permitir que nadie más tenga que pasar por esta desgracia.
