En una nota dirigida a la presidente del jury de enjuiciamiento, Hilda Kogan, los firmantes expresan su "fuerte rechazo" a la resolución adoptada hace una semana y sostienen que se intenta la remoción de Arias "por razones político-ideológicas".
Organizaciones de derechos humanos como el CELS y la APDH, jueces de la ciudad de Buenos Aires y referentes de la cultura, sociales y sindicales habían rechazado el jury contra Arias mediante pronunciamientos y movilizaciones.
Una solicitada de medio centenar de sindicatos bonaerenses -entre los enrolados en la CGT y en las dos CTA- atribuyó a su vez el desplazamiento del magistrado a resoluciones que adoptó en favor de trabajadores y usuarios de servicios públicos.
Entre otros fallos, mencionó la devolución de descuentos por días de paro a auxiliares docentes, el desbloqueo de las paritarias -tanto de docentes como de estatales bonaerenses- y el freno a incrementos tarifarios.
Firmaron este documento la CGT de La Plata, las CTA, judiciales de la AJB, docentes de Suteba, FEB, Udocba, Amet y Sadop, estatales de ATE y Upcn, los gremios de la salud Atsa y Cicop, la Asociación de Abogados Laboralistas, La Bancaria y Unión Ferroviaria, entre otras organizaciones sindicales.
Arias fue suspendido a comienzos de mes por decisión unánime del Jury de Enjuiciamiento provincial y se le embargó el 40 por ciento de su sueldo.
Entre los cargos presentados en su contra, el magistrado tiene una denuncia de la ex procuradora bonaerense María del Carmen Falbo por su actuación en la causa que investiga el número de muertos causados por la inundación de 2013 en La Plata.
Para quienes se solidarizan con Arias, el juez es "reconocido" por "sus decisivos fallos para controlar al Estado cuando hay derechos vulnerados".
Su reemplazo, un ex comisario de la Bonaerense
Por otra parte, esta semana la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió que el juez Francisco José Terrier reemplazará a Arias por 90 días, mientras se lleva a cabo el jury en el que se definirá si se lo destituye o no.
En 2014, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) había denunciado que Terrier -un comisario retirado de la Policía bonaerense- es un "juez procesista" vinculado a la última dictadura.
Como abogado, Terrier se desempeñó en un cargo jerárquico de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando al mando de esa fuerza estaba el genocida Ramón Camps, que implementó la red de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en el territorio bonaerense.
En declaraciones a Télam, Guadalupe Godoy, querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad de La Plata, militante de derechos humanos y abogada del albañil desaparecido Julio López, explicó que Terrier "aparece mencionado en la causa de Daniel Omar Favero y María Paula Álvarez", ambos desaparecidos.
