La CPM dijo que hay una "crisis estructural que afecta a todo el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires" cuyas características son la "sobrepoblación, hacinamiento y torturas sistemáticas". En ese sentido, alertó que la situación podría empeorar "si se aprueban las reformas regresivas a la ley de ejecución penal propuestas por el gobierno provincial, como ya se hizo en Nación el año pasado".
Respecto del caso de la comisaría de Merlo, respaldó las denuncias de los presos: "los detenidos denunciaron públicamente las condiciones infrahumanas de detención, son un claro ejemplo de la situación dramática que se vive en todos los lugares de encierro de la Provincia. No es un hecho excepcional sino una realidad generalizada".
Algunas cifras ilustran el problema: a noviembre de 2017 había 42.800 en toda la provincia, lo que implica un 90% de sobrepoblación contra un 65% del año anterior. En cuanto a comisarías, a principios de diciembre de 2017 había 3097 personas detenidas, con apenas 1.034 camastros existentes, es decir que dos de cada tres detenidos duermen en el piso.
A raíz de ello la CPM anunció que intervino ante el Juzgado de Garantías Nº 4 de Morón, para solicitar una serie de medidas tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas allí detenidas. En el mismo escrito, la CPM pide además que se dé cumplimiento a la orden de clausura que pesa sobre la Comisaría 3ra de Merlo, al tiempo que prohíba el alojamiento de cualquier otra persona en el futuro.
