En un comunicado, la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj planteó que "por la trascendencia de las circunstancias denunciadas, se ha dejado constancia, a través de un escrito enviado al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, de la necesidad de que aquel análisis se haga de manera urgente".
Etchecolatz, de 88 años, sobre quien pesan seis condenas por delitos de lesa humanidad fue beneficiado con la prisión domiciliaria desde el 27 de diciembre pasado y reside en su domicilio en el Bosque Peralta Ramos.
Durante el fin de semana del 20 de enero varias personas denunciaron haberlo visto salir de su casa en sillas de ruedas y sin esposas. Según explicaron desde su entorno en ese momento, el represor estaba siendo trasladado hasta una clínica debido a complicaciones en su salud.
Ante un pedido de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de Guadalupe Godoy -abogada que representó a sobrevivientes y familiares de víctimas en los juicios en los que Etchecolatz fue condenado- el juez federal Erneso Kreplak requirió al Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina que "informe qué fuerza de seguridad estuvo a cargo del traslado de Etchecolatz, y en ese caso, qué órgano jurisdiccional autorizó tal salida o si se trató de una cuestión de urgencia".
En igual sentido, ayer, la Comisión Provincial por la Memoria, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de organizaciones sociales de la ciudad de Mar del Plata y querellantes en juicios de lesa humanidad presentaron ante los jueces del TOF Nº 1 de la Plata German Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris un pedido para que se revoque la prisión domiciliaria a Etchecolatz.
El beneficio del arresto domiciliario le fue concedido a Etchecolatz el 27 de diciembre pasado por los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero, del Tribunal Oral en lo Criminal 6. Etchecolatz tiene cinco condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
