En el intercambio Trudeau explicó la necesidad de darle un vuelco a la Sección 35 de la Constitución de 1982 que reconoce y afirma los derechos aborígenes para recogerlos dentro de una legislación que fomente el autogobierno, elemento ignorado por las autoridades durante un largo periodo.
Los pueblos indígenas se vieron obligados a probar una y otra vez, mediante costosos y prolongados desafíos judiciales, que sus derechos existían, por ello tenemos el deber de reconocer su cultura y autodeterminación, afirmo el premier canadiense.
Argumentá que la nación en su conjunto necesita llegar a un punto donde los indígenas tengan el control de su propio destino y tomen sus decisiones futuras.
Con ese fin, Trudeau enfatizó que su gobierno desarrollará un nuevo 'reconocimiento e implementación del marco de derechos indígenas' a través de consultas con los aborígenes y pueblo canadienses en general.
Trudeau remarcó que el plan es introducir la ley a fines de este año, para que entre en vigor antes de las próximas elecciones en octubre de 2019.
El plan anunciado por el mandatario sigue algunas de las recomendaciones de la Comisión Real de Pueblos Aborígenes, un informe que data de la década de 1990, en particular su llamado al Gobierno Federal para ayudar a fomentar la autonomía alejando a las comunidades de las restricciones de la Ley Indígena de la era colonial.
A su vez, el ministro de Justicia Jody Wilson-Raybould, exjefe regional de la Asamblea de las Primeras Naciones, calificó el anuncio del mandantario de 'absolutamente histórico'.
En términos simples, eso significa transferir la jurisdicción de otros niveles de gobierno a las comunidades originarias para que puedan proporcionar servicios como bienestar infantil, educación y atención médica a sus habitantes, o elaborar sus propias leyes, desde elecciones hasta pesquerías, manifestó Wilson-Raybould.
La actual propuesta de Trudeau tuvo como antecedente el discurso realizado por él, en septiembre pasado, ante la Asamblea General de Naciones Unidos donde reconoció como uno de los mayores desafíos de su administración 'lograr el cese de las violaciones de los derechos de la población aborigen'.
