La Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente reveló que la decisión se tomó al evaluarse un informe de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), por lo que el alcalde abandonará de inmediato las instalaciones municipales.
Como consecuencia de esta determinación, se le ordenó entregar los bienes muebles del ayuntamiento en su poder, tales como vehículos, teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de crédito y de gasolina, documentos y expedientes.
Además, se le prohibió presentarse en cualesquiera de las dependencias del municipio de Vieques, hasta tanto se disponga finalmente del caso en su contra.
La resolución ordena a la vicealcaldesa Daisy Cruz certificar, no más tarde de mañana viernes a las 16:00 horas local al Panel sobre Fiscal Especial Independiente (PFEI) que se cumplió con la orden de ocupar los bienes municipales en poder del suspendido funcionario electo.
El organismo designó al abogado Rafael Sánchez Hernández para realizar la investigación administrativa que dispone el Plan de Reorganización 1-2012.
La UPAD es el foro administrativo autónomo dentro del PFEI que tiene la facultad de atender querellas contra los alcaldes y funcionarios municipales electos sobre posibles violaciones de ley en el plano administrativo.
La investigación que realiza la UPAD es confidencial, por lo cual no se puede divulgar información sobre ese proceso hasta que haya concluido en su totalidad, según disposición de ley.
La acción contra el alcalde Emeric Catarineau, del Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición, es producto de una querella de la legislatura municipal, dominada por sus correligionarios.
Mediante una resolución, la legislatura municipal solicitó la dimisión del alcalde por su presunta inacción y negligencia en el manejo de la emergencia surgida tras el paso del huracán María, en septiembre de 2017, dijo la presidenta de la oficina del FEI, Nydia Cotto Vives.
La isla de Vieques alcanzó relevancia mundial por la lucha sostenida por el pueblo puertorriqueño durante más de seis décadas para expulsar las prácticas de tiros de la Armada de Estados Unidos, que además alquilaba el escenario a otros países, lo que se concretó el 1 de mayo de 2003.
