La Sala II ordenó también revocar el cese de la prisión preventiva que benefició al teniente coronel retirado Alberto Camps, acusado de participar al menos en once casos de privación ilegítima de la libertad desde su rol en el aparato de represión estatal ilegal.
La decisión de anular el cese de la prisión preventiva fue tomada con el voto conjunto de los jueces Ana María Figueroa y Alejandro Slokar, integrantes de la sala en la que también reviste la jueza Ángela Ledesma.
Los jueces instaron al Tribunal Oral Federal de San Luis a que dicte un nuevo pronunciamiento porque “en estos casos en que se investigan delitos de lesa humanidad se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, que debe garantizar su juzgamiento, de acuerdo con el derecho internacional vinculante para nuestro país”, según consta en el fallo al que accedió Télam.
En esta causa se juzga la participación de Camps, como así también de Eduardo Francisco Allende e Hipólito Saá (foto) -quienes se desempeñaban como juez federal y fiscal federal, respectivamente-, por homicidios y privaciones ilegítimas de la libertad cometidos en San Luis durante la última dictadura cívico-militar.
En esta decisión se insistió en las exhortaciones dispuestas al momento de confirmar las prisiones preventivas de los otros imputados (Allende y Saá), a fin de acelerar el trámite del proceso y dar inicio al debate oral y público.
Allende y Saá habían sido acusados por el Ministerio Público Fiscal de no haber promovido la persecución y represión de los delitos de lesa humanidad cometidos por el aparato represivo del Estado, pese a que tomaron conocimiento de ellos a través de los sumarios policiales iniciados de oficio o por denuncias de particulares que derivaron en procesos que tramitaron ante la justicia federal.
También están acusados de haber hecho caso omiso a las declaraciones de las propias víctimas al momento de ser recibidos en declaración indagatoria en el marco de los procesos iniciados en su contra.
