Pero el asunto no se quedó en una mera rebeldía documental. Rosselló Nevares expresó ayer que no implementará las iniciativas que añada la JSF al plan fiscal y que incidan en la política pública del gobierno.
Rosselló Nevares explicó que el 28 de marzo, la JSF había exigido 48 cambios al borrador del plan fiscal del gobierno central. De estos, su administración acogió todas las medidas fiscales contenidas en el documento. En total son 13, según la carta de la JSF de finales de marzo.
“Todo lo demás (las medidas que no son fiscales) son de política pública y no estamos de acuerdo y no se están incluyendo en el plan fiscal… Esto no es una guerra, sino una alerta seria”, dijo el mandatario.
No obstante, algunas exigencias fueron acogidas a medias. Por ejemplo, de la propuesta de reforma laboral solo se mantiene el requisito de trabajo para los participantes del Programa de Asistencia Nutricional y el crédito por ingresos del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). Se descarta desde la eliminación del bono de Navidad hasta el aumento al salario mínimo.
“Los pensionados tienen un derecho propietario sobre sus pensiones”, dijo el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino, al explicar por qué la administración no dio paso a la reforma de las pensiones que pidió la JSF.
“(La propuesta de recortar las pensiones) tendría un impacto nefasto en la sociedad”, subrayó Rosselló.
De igual forma, Rosselló dijo no a las propuestas de la JSF para levantar el tope de la llamada crudita, de manera que todos esos recaudos lleguen al Fondo General y la consolidación de los fondos especiales para que el ingreso asignado a diferentes fines entre primero al Fondo General y luego se asigne en presupuesto.
También se descartó la creación de la oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno, una entidad que persigue cumplir con los requisitos de divulgación financiera, lo que Puerto Rico no ha hecho por años, a pesar de ser requerido por reglamentación federal.
A pesar que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) entregó los planes fiscales a la JSF a eso de las 5:00 de la tarde de ayer, la corporación pública no publicó los documentos hasta casi las 9:00 de la noche.
La JSF estableció la semana pasada que, sin las reformas requeridas y que el gobierno no adoptó, no puede certificar los planes que regirán las operaciones del gobierno por los próximos cinco años.
Ante la situación, fuentes de este diario aseguran que la JSF podría certificar a fin de mes su propia versión del plan fiscal, incorporando elementos del plan del gobernador. Según Promesa, un plan fiscal certificado no es apelable en el tribunal.
Ante la rebeldía anticipada por el gobernador Rosselló Nevares a las iniciativas que incidan en lo que entiende es la política pública del gobierno, la JSF tendría que acudir a los tribunales para que se ordene la puesta en vigor del plan fiscal que se certifique.
Por un lado, se estima que el plan fiscal que se avale es vinculante, por lo que el gobierno estaría obligado a cumplirlo. Por otro lado, la teoría legal del gobernador es que la Ley Promesa no le otorga poderes operacionales o de política pública a la JSF. Además, según dijo el gobernador, los cambios que quiere la Junta “no son ejecutables”.
“Yo estoy dispuesto a considerar lo fiscal, pero poner la política pública esa es nuestra consideración. Que la Junta ponga el número y nosotros hacemos el trabajo”, dijo Rosselló Nevares, tras advertir que la ausencia de acuerdos entre su administración y la Junta debilitaría la posición de Puerto Rico en los casos de Título III que se siguen en corte.
Versión más pesimista
La nueva versión del plan fiscal entregado por el gobierno proyecta un crecimiento económico más modesto que el trazado en versiones anteriores.
Una buena parte de los ajustes responden a que se redujo el estimado de fondos que llegarían a Puerto Rico como parte de la recuperación tras los desastres naturales causados por los huracanes Irma y María.
Por ejemplo, se redujo de $21,000 millones a $15,000 millones la cantidad de fondos que desembolsarían las aseguradoras privadas por reclamaciones asociadas a los huracanes. Este ajuste se hizo luego que se identificara que una buena parte de las reclamaciones correspondían a las manufactureras extranjeras por lo que no se quedarían en la economía isleña.
Del mismo modo, se retrasó la agenda de desembolsos federales que llegarían a Puerto Rico como parte de la reconstrucción tras los huracanes.
De hecho, el gobernador afirmó que se encuentran dialogando con personal de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para disminuir las trabas burocráticas que ha puesto la agencia estadounidense para los desembolsos y losprocesos asociados a la recuperación y reconstrucción en Puerto Rico.
Explicó que a la isla se le ponen requisitos como si fuera una jurisdicción de “alto riesgo”, aunque no tienen esa designación.
El cuadro propuesto
El ajuste a las proyecciones de crecimiento económico provocó cambios en los cuadres de ingresos y gastos y en el superávit primario que se espera. Esto es el dinero que le sobraría al gobierno en un año fiscal previo al pago de los préstamos. Esta cifra es la que se usa como referencia para negociar con los bonistas los ajustes en las deudas del gobierno.
Se informó que en el primer año, el sobrante apenas superaría unos $300 millones y que, al cabo de los cinco años que cubre el plan fiscal propuesto, los superávit anuales acumulados alcanzarían los $6,400 millones.
No obstante, dicho sobrante se haría sal y agua si Puerto Rico tuviera que pagar a los bonistas la deuda contraída, justificando así la necesidad de un recorte de los acreedores.
El director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela Franco, indicó que si se paga el servicio de la deuda tal y como está hoy día, el déficit que se acumularía en los próximos cinco años rondaría $10,000 millones.
Esta cifra aumentaría aún más si se toma en consideración la deuda pública de otras corporaciones que no son parte del proceso de Título III de bancarrota territorial o ajuste de deudas.
De hecho, el gobernador informó que junto al plan fiscal del gobierno central se entregaron los borradores de los documentos fiscales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y las autoridades de Energía Eléctrica (AEE), Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de Carreteras y Transportación (ACT). El ejecutivo también le envió una carta a la JSF reiterando su postura sobre las exigencias que a su entender corresponden a la política pública de su administración.
En el caso de la AEE, se acogieron la mayor parte de las propuestas. Portela Franco, sin embargo, indicó que no incluyeron la petición de la JSF para vender la subsidiaria PrepaNet, aunque comenzarían un proceso de tasación de este activo.
